El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió esta semana un nuevo capítulo de la disputa jurídica en torno a la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024. Por mayoría, el tribunal revocó el amparo que un juez federal en Querétaro había concedido a un grupo de magistrados que impugnaba los decretos relativos a la elección de jueces y ministros, y desechó el juicio en su totalidad.

El fallo se sustenta en que la Constitución y la Ley de Amparo establecen límites expresos para este tipo de recursos: las reformas constitucionales no son impugnables por esta vía.

La resolución, que no generó debate en el pleno sino únicamente la expresión de posturas individuales, fue defendida con firmeza por la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien recordó que se habían acumulado al menos 610 solicitudes de suspensión contra la reforma, de las cuales 365 llegaron a concederse por la anterior conformación del Poder Judicial. “Con esta resolución, la reforma judicial reafirma su vigencia constitucional y, por lo tanto, su contenido no está sujeto a discusión ni por medio de juicios de amparo ni mediante incidentes de suspensión”, afirmó.

La ministra Loretta Ortiz Ahlf votó también a favor, aunque con una consideración distinta: sostuvo que la imposibilidad de impugnar reformas constitucionales no deriva de la propia reforma de octubre de 2024, sino que ya formaba parte del diseño constitucional mexicano y que dicha enmienda simplemente hizo explícito un criterio preexistente en la doctrina y la jurisprudencia.

El fallo consolida la reforma judicial en el plano jurídico y clausura la principal vía que sus opositores —entre ellos una parte significativa de la judicatura federal— habían intentado utilizar para frenarla.