El levantamiento popular en Bolivia no cede y pone en jaque a la política y la economía. Tras casi un mes de protestas y bloqueos ininterrumpidos, el sistema logístico nacional se encuentra al borde de la asfixia, registrándose para viernes el 29 de mayo al menos 80 cortes de vías distribuidos en seis de los nueve departamentos del país, superando los más de 60 puntos reportados en los días previos. Esta parálisis no sólo se manifiesta en las carreteras —donde, por ejemplo, se impidió el arribo de 433 cisternas con combustible esenciales para paliar la escasez de gasolina— sino también en los centros urbanos, donde el transporte federado paralizó por completo las calles de La Paz y El Alto. El conflicto ya ha permeado de forma transversal en el tejido socioeconómico nacional con un costo humano trágico contando al menos 7 fallecidos, 23 heridos y cientos de arrestados.
Si bien el inicio de la conflictividad se debió, en buena medida, a la convergencia de distintas demandas sectoriales por la crisis social y económica que atraviesa el país, hoy el centro de la disputa está en la continuidad o no del gobierno de Rodrigo Paz. Los principales actores de la protesta, como la Central Obrera Boliviana (COB), los campesinos, los cocaleros y los mineros, siguen presionando por lograr la salida del presidente. Por su parte, agrupaciones políticas como Libre han demandado la renuncia de todo el gabinete ministerial por su supuesta pérdida de credibilidad. Pero el conflicto ha adquirido un grado distinto tras el ultimátum de los Ponchos Rojos, que situó al mandatario frente al dilema de su dimisión inmediata o la convulsión social.
Frente a esta situación, el gobierno de Paz despliega una estrategia dual: contener la presión social mediante diálogos y concesiones puntuales a sectores con demandas específicas, mientras instrumenta de forma paralela el andamiaje legal para una intervención coercitiva de gran envergadura. En al primer eje de su estrategia, el Ejecutivo ha activado instancias como el Consejo Económico y Social, ha propuesto una reducción del 50% de los salarios públicos como gesto de austeridad, y ha llegado a ofrecer la integración formal de la COB y la Federación Túpac Katari dentro de la estructura gubernamental. Para viabilizar estas mesas de negociación y quebrar la resistencia de los dirigentes, el gobierno se comprometió a otorgar plenas garantías jurídicas y de seguridad personal a líderes sociales como Mario Argollo y Vicente Salazar.
Sin embargo, esta apertura al diálogo —que cuenta con la mediación de la Iglesia Católica y la Vicepresidencia— avanza bajo la sombra de la disuasión militar. El presidente ha endurecido su discurso, lanzando severas advertencias de que aplicará el rigor constitucional a los sectores reacios a la concertación e interpelando directamente la legitimidad de las protestas. Esta retórica se materializó institucionalmente en el Congreso mediante la abrogación de la Ley 1341, normativa que regulaba los estados de excepción. Con su promulgación inmediata, el Ejecutivo no solo neutralizó los límites legales previos, sino que se armó políticamente con las facultades de excepción requeridas para autorizar la intervención directa de las Fuerzas Armadas en las carreteras y zonas de conflicto.
Hasta el momento, el estado de excepción es presentado por voceros gubernamentales como un último recurso. No obstante, esta posibilidad parece no disuadir a los movilizados. Las cúpulas de la COB y la confederación campesina Túpac Katari se han vuelto a ausentar de las últimas mesas formales de diálogo convocadas por el oficialismo, rechazando someterse a los términos fijados por el gobierno. Al desplazar la decisión final hacia un cabildo de bases que determinará si aceptan o no el diálogo con el mandatario, los movimientos sociales demuestran que retienen la iniciativa política de la crisis. Esto prolonga el estancamiento institucional y sitúa al gobierno en una posición vulnerable.
En este contexto, los comités cívicos regionales convocaron a salir a las calles para desbloquear las carreteras y exigieron a Paz el desbloqueo vial inmediato. Queda la pregunta de si, ante la continuidad de la protesta y su pretensión máxima, Paz apelará al actual vacío legal y la presión de los cívicos para implementar el estado de excepción en el país.
