El jueves 28 de mayo, el periódico The New York Times publicó un artículo en el que afirmaba que Guatemala había acordado permitir “ataques conjuntos” militares junto con Estados Unidos contra estructuras del crimen organizado dentro de su territorio.
Según la publicación, el país centroamericano habría aceptado operaciones militares conjuntas contra redes de narcotráfico, incluyendo posibles ataques aéreos y otras acciones que podrían comenzar en junio.
La información generó revuelo entre la opinión pública y la oposición política guatemalteca, por lo que rápidamente la Presidencia salió al paso para desmentir que exista algún convenio que autorice operaciones militares extranjeras en el país. El Gobierno aclaró que lo que sí ocurrió fue una solicitud formal de cooperación dirigida a Washington para apoyar operaciones encabezadas por las fuerzas de seguridad guatemaltecas.
El presidente Bernardo Arévalo subrayó además que no está prevista la instalación de bases militares estadounidenses ni la presencia permanente de tropas extranjeras en Guatemala. Según las aclaraciones oficiales, la asistencia solicitada se concentra en cuatro áreas principales: acceso a equipo, capacitación, intercambio e integración de inteligencia y apoyo de expertos para la planificación operativa, tanto estratégica como táctica.
El propio Gobierno reconoció que el ministro de Defensa, Henry Sáenz, envió una carta al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, para formalizar esa petición de “cooperación”. Asimismo, se informó que Arévalo y Hegseth sostuvieron una conversación telefónica el 19 de mayo para definir los términos de esa colaboración.
Este incremento en la cooperación y el intercambio de información militarizada se desplegaría principalmente en las zonas fronterizas con México, El Salvador y Honduras, consideradas áreas críticas para las operaciones contra el narcotráfico y otras estructuras criminales.
De acuerdo con la Constitución de Guatemala, el ingreso de ejércitos extranjeros o la autorización de operaciones militares conjuntas únicamente puede ser aprobado por el Congreso de la República con el voto favorable de dos terceras partes de los diputados.
Consultado sobre la posibilidad de bombardeos o acciones similares a las aplicadas en Ecuador, el presidente respondió que desconoce los detalles del acuerdo firmado entre Quito y Washington. En el caso guatemalteco, reiteró que las operaciones previstas se limitan a entrenamiento, provisión de equipo, asesoría técnica para la planificación e intercambio de inteligencia.
Este episodio se inscribe además en una estrategia más amplia de la administración Trump para reforzar la lucha antinarcóticos y ampliar la presencia de Estados Unidos en América Latina. Si el acuerdo de cooperación avanzara en los términos planteados por algunos reportes, Guatemala se convertiría en el segundo país latinoamericano en permitir acciones militares conjuntas contra grupos criminales dentro de sus fronteras.
Ecuador aceptó un esquema similar a comienzos de este año, mediante el cual fuerzas estadounidenses asesoran y asisten a militares ecuatorianos en operativos y ataques aéreos contra presuntas organizaciones narcotraficantes.
Según dos fuentes citadas por The New York Times, la Casa Blanca también estaría concentrando parte de sus esfuerzos en Guatemala y Honduras con el objetivo de aumentar la presión sobre México para que acepte operaciones conjuntas contra el narcotráfico.
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