La discusión sobre el sistema de salud colombiano volvió a ocupar el centro del debate político e institucional en medio de la campaña presidencial y de una creciente presión financiera sobre las EPS, hospitales y entidades reguladoras. En los últimos días, el Senado recibió una ponencia positiva que busca revivir la reforma a la salud impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, luego de que el proyecto enfrentara obstáculos legislativos y quedara virtualmente frenado en el Congreso. La iniciativa pretende que, tras las elecciones presidenciales, la plenaria del Senado vote una apelación para reactivar el trámite legislativo y enviarlo nuevamente a comisión.
El intento de revivir la reforma coincide con un escenario de creciente deterioro operativo y financiero del sistema. Desde el sector de las EPS, el gremio ACEMI propuso priorizar una estabilización inmediata antes de avanzar en nuevas transformaciones estructurales. La propuesta incluye una inyección de recursos públicos superior a los 9 billones de pesos, mecanismos de atención urgente para pacientes críticos, ajustes en la financiación vía UPC y nuevas fuentes de ingresos para sostener el sistema. El planteamiento refleja la preocupación de las aseguradoras por la acumulación de deudas, la escasez de medicamentos y el aumento de pacientes, en un contexto donde distintas voces advierten que la crisis ya afecta la prestación cotidiana del servicio.
Al mismo tiempo, las tensiones institucionales alrededor del manejo estatal del sistema continúan evidenciándose en los tribunales. El Tribunal Administrativo de Bolívar decidió mantener la intervención de la Superintendencia de Salud sobre la EPS Coosalud, una de las más grandes del país, con más de tres millones de afiliados. La decisión judicial restituye el control administrativo de la entidad a la Supersalud y ordenó adoptar medidas técnicas y financieras para corregir fallas estructurales detectadas por los organismos de control. El caso se convirtió en un ejemplo del creciente protagonismo del Estado en la administración de EPS intervenidas y las complicaciones que enfrenta para gestionar entidades entidades en crisis sin un marco legal y presupuestario que respalde al Ministerio de Salud.
