El 26 de mayo, el presidente de Paraguay Santiago Peña firmó el decreto Nº 6057, que pone nuevamente en funcionamiento el programa “Cielo Guaraní Soberano”. De acuerdo al comunicado oficial, la iniciativa está “orientada a fortalecer la vigilancia y protección del espacio aéreo nacional mediante una estrategia coordinada entre las instituciones de seguridad y defensa del Estado”.
El anuncio fue realizado por Peña desde Mburuvicha Róga, la residencia presidencial, en una conferencia de prensa en la que también estuvieron presentes el ministro de Defensa, Óscar González; el comandante de la Fuerza Aérea, Julio Rubén Fullaondo; el ministro del Interior, Enrique Riera; y el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Robert Alter, entre otras autoridades.
El programa, iniciado en 2015, bajo la presidencia de Horacio Cartes, fue suspendido cinco años después, en la administración encabezada por Mario Abdo Benítez. En la rueda de prensa, Peña criticó la decisión de este último, en una muestra de la continuidad de la histórica interna del gobernante Partido Colorado, particularmente ríspida durante el período presidencial anterior.
Apenas cuatro días antes de la firma del decreto N º 6057, el 22 de mayo Peña promulgó la Ley Nº 7654, que da vigencia al memorando de entendimiento firmado entre Paraguay y Estados Unidos para compras de equipos y servicios militares, bajo un régimen especial. La ley fue aprobada en abril en el Parlamento, tras un fuerte lobby de Estados Unidos y, a su vez, es complementaria del “Acuerdo sobre el Estatuto de Fuerzas” (SOFA, por sus siglas en inglés), que regula la presencia de personal militar estadounidense en Paraguay. Este acuerdo fue rubricado en Washington por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, en diciembre de 2025, luego aprobado por el Parlamento y finalmente promulgado por Peña en marzo.
Las líneas de acción que lleva adelante de forma sistemática el gobierno confluyen en una una agenda inequívoca: asumir como propia la agenda de Estados Unidos para la región, centrada en la intervención en seguridad y defensa. De allí se desprende una idea central: la “integración” de capacidades, que difumina en la práctica las fronteras entre los campos de la seguridad y la defensa.
Esta concepción surge con claridad de las intervenciones en la conferencia de prensa en la que se anunció “Cielo Guaraní Soberano”. “El comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya, Julio Fullaondo, señaló que el programa busca integrar las capacidades de las distintas instituciones de seguridad para actuar de manera inmediata y coordinada ante vuelos irregulares relacionados al narcotráfico y otros delitos conexos”, destaca la comunicación oficial de Presidencia. “La doctrina actual de combate al narcotráfico es el trabajo conjunto de todas las instituciones del Estado”, expresó Fullaondo. De acuerdo a un reporte de prensa, el general del Aire también planteó que la doctrina del programa tiene su origen en la Oficina de la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta, con sede en Key West (Florida, Estados Unidos), dependiente del Comando Sur.
El concepto de “acción integrada” fue retomado por el propio presidente Peña en la apertura de la LV Reunión de Ministros del Interior y Seguridad del Mercosur, en Asunción, el viernes 29 de mayo. Aunque en este caso el énfasis en el discurso estuvo puesto en la articulación entre las naciones sudamericanas, analizado en su contexto se puede ver con claridad la coherencia entre las propuestas de Paraguay a sus vecinos y la cada vez más estrecha cooperación con las políticas que impulsa EE. UU. para la región.
Las múltiples acciones y gestos de los últimos meses, incluyendo visitas de parlamentarios, muestran el carácter de la alianza estratégica entre Estados Unidos y Paraguay, instalada por el gobierno y, de forma explícita, también por medios oficialistas.
