El martes 2 de junio, el ministro de Comercio Canadá-EE. UU., Dominic LeBlanc, viajó a Washington y envió cartas formales al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y al secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, solicitando oficialmente que el CUSMA/USMCA/T-MEC sea renovado por 16 años completos en lugar de quedar sujeto a revisiones anuales durante la próxima década. La carta señala que el acuerdo es “altamente beneficioso” para las tres economías y plantea que, en paralelo a la revisión trilateral, resulta esencial resolver los aranceles sectoriales que Washington mantiene sobre acero, aluminio y automóviles canadienses. La reunión con Greer fue descrita por LeBlanc como “positiva”. México, por su parte, respaldó públicamente la extensión larga, dándole a Ottawa un socio claro dentro del bloque norteamericano.
El trasfondo negociador es, sin embargo, desfavorable para Canadá. Estados Unidos abrió formalmente un proceso de revisión bilateral con México, pero todavía no ha hecho lo mismo con Ottawa, en lo que analistas leen como una replicación de la estrategia de “dividir y conquistar” que Washington usó en la primera negociación bajo Trump. La negociadora jefe canadiense, Janice Charette, reconoció que Ottawa está coordinando con Ciudad de México para evitar que los mexicanos acuerden condiciones con EE.UU. que “debiliten” la posición canadiense. Greer, en tanto, ha dejado en claro que Washington quiere revisar aspectos sustantivos del acuerdo —incluyendo una exigencia de que los autos fabricados en Norteamérica tengan al menos 50% de contenido estadounidense— y que una extensión de 16 años sin cambios es poco probable. El Banco de Canadá ya había advertido que un ciclo de revisiones anuales generaría un entorno de “renegociación continua” que congelaría inversiones en sectores exportadores durante años.
La apuesta de Ottawa es convertir una instancia potencialmente desestabilizadora en una renovación larga y previsible. Pero las señales de Washington apuntan en sentido contrario: EE. UU. no tiene autoridad de promoción comercial del Congreso para modificar formalmente el texto del acuerdo, lo que lleva a expertos a prever que el resultado serán cartas laterales y acciones ejecutivas antes que enmiendas sustantivas. El 1 de julio es la fecha en que los tres países deben notificar si renuevan por 16 años o activan el ciclo de revisiones anuales; la expectativa de las tres delegaciones es que las negociaciones continúen después de esa fecha. El primer ministro Carney lo sintetizó con precisión esta semana cuando dijo que: “…existen cuestiones estructurales más fundamentales, como es sabido, que se relacionan con los llamados sectores estratégicos, ese es el término estadounidense, los aranceles del artículo 232 que se aplican a los automóviles, al acero, al aluminio y a los productos forestales”, reconociendo implícitamente que el acuerdo que emerja de esta revisión difícilmente será el mismo de 2020.
