Fue una semana de alta intensidad legislativa en Washington, con una señal clara: Trump logró una victoria importante en materia migratoria, pero no sin costos políticos. En la madrugada del viernes 5 de junio, tras una sesión de votaciones que se extendió por 19 horas, el Senado aprobó por 52 a 47 un paquete de 70 mil millones de dólares para financiar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas —ICE— y la Patrulla Fronteriza hasta el fin del mandato de Trump. El proyecto incluye 38 mil 600 millones para ICE, 26 mil millones para la Patrulla Fronteriza y cinco mil millones de uso discrecional para el Departamento de Seguridad Nacional. Ahora pasa a la Cámara de Representantes, que retoma sesiones la semana próxima. La única republicana en votar en contra fue Lisa Murkowski, senadora por Alaska, quien cuestionó que el proceso evitara los canales bipartidistas habituales de asignación presupuestaria.

La controversia central no fue solamente el financiamiento del aparato deportador, sino un fondo separado de mil 776 millones de dólares, administrado por el Departamento de Justicia y disponible hasta 2029, destinado a compensar a personas que alegan haber sido víctimas de persecución política por parte del gobierno federal. Los demócratas lo califican como una “caja negra” para aliados de Trump y presentaron una moción para eliminarlo, que fue derrotada. Algunos republicanos, entre ellos Bill Cassidy, vacilaron durante horas antes de votar con la conducción partidaria. John Thune dio el tema por cerrado tras citar el testimonio del fiscal general interino Todd Blanche, quien aseguró que el fondo no sería activado. Sin embargo, la Casa Blanca nunca lo descartó formalmente y Trump había declarado días antes que el fondo le parecía “muy importante”, lo que dejó abierta la sospecha sobre su verdadero destino.

La misma madrugada, el Senado también bloqueó el avance de la renovación de la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera —FISA—, que vence el 12 de junio. La votación procesal fracasó 47 a 52, con casi todos los demócratas —salvo John Fetterman— y seis republicanos votando en contra. La Sección 702 permite a la CIA y la NSA recolectar comunicaciones de objetivos extranjeros sin orden judicial y es considerada una pieza central de la arquitectura de inteligencia estadounidense. El bloqueo tuvo como detonante el nombramiento de Bill Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda y sin trayectoria en inteligencia, como director interino de Inteligencia Nacional en reemplazo de Tulsi Gabbard. Mark Warner, vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado, sostuvo que no podían extenderse poderes de vigilancia con Pulte en condiciones de acceder a información sensible que pudiera ser usada contra adversarios políticos de Trump. Los republicanos disidentes, por su parte, reclamaron mayores garantías de privacidad civil.