Durante la última semana, Cuba sufrió una salida masiva y sin precedentes de inversiones extranjeras, agravando aún más la situación de una economía ya de por sí profundamente golpeada por el asfixiante bloqueo.
El detonante de esta reacción en cadena fue el vencimiento, el viernes 5 de junio, del plazo establecido por Washington para que las empresas extranjeras —no estadounidenses— desmontaran sus operaciones comerciales en Cuba bajo la amenaza de ser sancionadas en caso de no hacerlo. La medida deriva directamente de la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 1 de mayo de 2026.
Se trata de una ampliación de las llamadas “sanciones secundarias”, medidas coercitivas unilaterales similares a las aplicadas por Washington contra países como Irán o Rusia. Estas disposiciones se suman al estrangulamiento energético impuesto por Washington que han generado uno de los momentos de mayor asfixia económica que Cuba ha atravesado en las últimas décadas.
La Orden Ejecutiva 14404 faculta al gobierno estadounidense a sancionar e incluir en la lista SDN (Specially Designated Nationals, por sus siglas en inglés) —el principal registro público de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés)— a cualquier empresa o individuo extranjero que mantenga negocios significativos con Cuba o con entidades controladas por el Estado cubano. Esto implica el congelamiento global de activos y el riesgo de quedar excluido del mercado y del sistema financiero de Estados Unidos. Ante la disyuntiva de mantener sus operaciones en la isla o preservar su acceso al sistema financiero internacional dominado por Estados Unidos, numerosas empresas optaron por retirarse.
La medida apunta de forma explícita a GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.), el conglomerado de empresas estatales controlado por las Fuerzas Armadas cubanas que administra sectores estratégicos como los hoteles, comercio exterior, etc. El repliegue de corporaciones transnacionales se aceleró de forma dramática entre el 29 de mayo y el 5 de junio. En el sector turístico, la cadena española Iberostar retiró la gestión de una docena de hoteles clave; la canadiense Blue Diamond anunció el cese de operaciones; y Meliá confirmó que evalúa retirarse o reducir severamente su actividad en al menos 14 de los 35 hoteles que opera en el país.
En los sectores logístico y minero, las navieras europeas CMA CGM, de Francia, y Hapag-Lloyd, de Alemania, congelaron el envío de contenedores hacia la isla. Asimismo, la minera canadiense Sherritt suspendió operaciones en sus yacimientos de Moa.
Se trata de sectores que constituyen las principales fuentes de divisas para el Estado. La salida o reducción de operaciones de estas empresas disminuye significativamente los ingresos necesarios para financiar importaciones, incluida la compra de alimentos, medicamentos e insumos para la producción.
A esta situación se sumó el golpe al sistema de pagos internacionales. El miércoles 3 de junio, el Banco Central de Cuba informó que, a partir del sábado 6 de junio, quedarían suspendidos todos los pagos con tarjetas Visa y Mastercard en el país. La decisión se produjo después de que el banco extranjero encargado de procesar estas transacciones rompiera relaciones con Fincimex (operada por GAESA).
Esta situación dificulta las operaciones de los turistas que visitan la isla y de los cubanos que dependen de cuentas en el exterior, además de limitar las vías de suministro de las MIPYMES (pequeñas y medianas empresas privadas de la isla).
