Haití atraviesa una etapa decisiva en su transición política y en sus esfuerzos por recuperar el control institucional frente a la violencia de las pandillas. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, realizó una visita de última hora a Puerto Príncipe el viernes 29 de mayo de 2026 durante la cual presenció un ejercicio de tiro de la recientemente creada Fuerza de Supresión de Pandillas, una unidad que aún no ha sido desplegada por completo. Asimismo, sostuvo una reunión con el primer ministro de facto Alix Didier Fils-Aimé, en una visita interpretada como una muestra de respaldo de Washington al gobierno de transición haitiano.

Desde febrero de 2026, el poder Ejecutivo quedó concentrado en manos del primer ministro Fils-Aimé, luego de que concluyera el mandato del Consejo Presidencial de Transición. Con la expiración de este órgano colegiado, el jefe de gobierno asumió la conducción del Ejecutivo en un momento marcado por el debilitamiento de las instituciones estatales.

En este escenario, el gobierno haitiano aprobó y lanzó oficialmente, a finales de mayo, dos centros judiciales especiales destinados a enfrentar la creciente impunidad vinculada a las organizaciones criminales. La iniciativa recibió un importante respaldo internacional pocos días después. El 2 de junio, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) dio la bienvenida pública a los nuevos centros y validó su estructura a nivel internacional. Posteriormente, el 4 de junio, Amnistía Internacional expresó su apoyo a la medida, aunque subrayó que su éxito dependerá de la protección inmediata de la infancia frente a la violencia.

La creación de estos centros responde al colapso práctico del sistema de justicia ordinario en Haití. Diversos tribunales de Puerto Príncipe han sido asaltados, vandalizados e incluso ocupados por grupos armados pertenecientes a la coalición de pandillas Viv Ansanm. Ante esta situación, el Estado decidió concentrar la responsabilidad judicial en un grupo de 25 magistrados seleccionados, quienes contarán con recursos económicos específicos, capacitación técnica internacional —con apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)— y un esquema de seguridad unificado.

El objetivo de esta estrategia es garantizar que los jueces puedan emitir órdenes de arresto y sentencias sin quedar expuestos a represalias directas en sus hogares o lugares habituales de trabajo. Las autoridades han insistido en que estos centros no constituyen “tribunales de guerra” ni sustituyen al sistema judicial haitiano, sino que son estructuras especiales diseñadas para atender delitos graves que actualmente desbordan la capacidad de los tribunales convencionales. Todo ello ocurre mientras la crisis humanitaria continúa agravándose. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas informó recientemente que alrededor de 1,5 millones de personas han sido desplazadas por la violencia que afecta al país.