La jornada electoral del 31 de mayo definió a los dos candidatos que disputarán la presidencia de Colombia en una segunda vuelta el próximo 21 de junio. Según los resultados finales del escrutinio, el candidato de derecha Abelardo de la Espriella se consolidó como el más votado en la primera vuelta, con un 43,74%, superando a Iván Cepeda, quien alcanzó un 40,90%. Estos resultados, sin embargo, han estado marcados por una fuerte polémica.

Apenas conocidos los primeros datos, el presidente Gustavo Petro desconoció los resultados del preconteo realizado denunciando graves irregularidades. El mandatario aseguró que en la última semana se modificó el software de conteo y escrutinio en tres ocasiones, lo que permitió la inclusión de 800 mil cédulas de personas que no hacen parte del censo electoral oficial. Esta denuncia fue respaldada por el candidato oficialista, Iván Cepeda, quien condicionó el reconocimiento de los resultados a la verificación completa por parte de las comisiones escrutadoras, señalando un “desfase en el censo electoral de 885 mil personas” y la existencia de un “número indeterminado de mesas con votaciones atípicas”. La postura del gobierno colombiano encontró eco a nivel internacional, cuando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su respaldo a las denuncias de Petro, haciendo un llamado a “llegar hasta lo último en esta denuncia sobre un posible fraude”.

En contraste, la Registraduría defendió la integridad del proceso. Tras una reunión con partidos, órganos de control y misiones de observación, la entidad presentó pruebas, incluyendo la trazabilidad del archivo básico de la División Política Electoral (DIVIPOLE), para demostrar que ni los softwares ni el censo electoral fueron modificados. El registrador, Hernán Penagos, afirmó: “con esta información y revisada la metadata, hemos podido probar y comprobar… que el 26 de mayo no se llevó a cabo ningún tipo de modificación”.

La campaña electoral no solo ha estado marcada por las denuncias sobre el escrutinio, sino también por movimientos políticos y una creciente polarización. En el bando de Iván Cepeda, se comenzaron a mover fichas para fortalecer su opción. El candidato del Pacto Histórico adelantó acercamientos con figuras de centro como Sergio Fajardo y Claudia López, con el objetivo de sumar apoyos de cara a la segunda vuelta. Además, se especuló con la posible adhesión de altos funcionarios del gobierno, como el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, para robustecer su campaña. En un giro significativo, el comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente, una iniciativa respaldada por el presidente Petro, anunció la suspensión de la recolección de firmas. La decisión, que busca no dificultar la construcción de nuevas alianzas con sectores de centro, fue interpretada como un movimiento estratégico para allanar el camino a la campaña de Cepeda.

Mientras tanto, la campaña de Abelardo de la Espriella también definía su estrategia. A pesar de haber recibido el respaldo de los partidos tradicionales como el Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Conservador y el Partido de la U, el candidato de Defensores de la Patria reforzó su discurso de rechazo a “la vieja política”, afirmando que “no hará alianzas” con esas colectividades. La campaña también adquirió una dimensión internacional: De la Espriella planteó posiciones contundentes en política exterior, incluyendo la posibilidad de revisar la permanencia de Colombia en organismos multilaterales como la ONU y la OEA, a lo que se sumó el importante guiño del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un apoyo que fue duramente cuestionado por su contrincante. Iván Cepeda calificó esta actitud como una injerencia que “burla nuestra soberanía y la destruye”. En medio de este escenario, el Nuevo Liberalismo decidió no respaldar oficialmente a ninguno de los dos candidatos, aunque respetando la libertad de conciencia de sus miembros. Figuras como Juan Daniel Oviedo y Mauricio Lizcano también anunciaron que no apoyarían a ninguna de las dos opciones.

El proceso hacia el balotaje se desarrolla además en un contexto de creciente polarización política y de preocupaciones por la seguridad electoral. Diversos actores han advertido sobre el aumento de la confrontación discursiva, la circulación de denuncias cruzadas y la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para que la campaña avance sin hechos de violencia ni cuestionamientos sobre la legitimidad de los resultados.