La decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de confirmar la condena de 28 años y tres meses de prisión contra Santiago Uribe Vélez marca uno de los capítulos más relevantes de un proceso judicial que se ha extendido por décadas alrededor del caso del grupo paramilitar conocido como “Los 12 Apóstoles”. La sentencia ratificó el fallo emitido previamente por el Tribunal Superior de Antioquia, que había revocado una absolución de primera instancia y hallado responsable a Uribe por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.

La ratificación de la condena puso fin a la principal vía de impugnación de la defensa, que había cuestionado la credibilidad de algunos testigos y la valoración probatoria realizada por los tribunales. Sin embargo, la Corte respaldó las conclusiones alcanzadas por la segunda instancia y rechazó los argumentos orientados a revertir la sentencia.

La decisión también tuvo repercusiones en el escenario político nacional; el fallo generó reacciones encontradas entre sectores afines y críticos del uribismo. En ese contexto, el presidente Gustavo Petro intervino en la discusión pública respondiendo a declaraciones de Tomás Uribe Moreno, lo que contribuyó a ampliar el impacto político de una sentencia que, aunque centrada en responsabilidades individuales, volvió a situar en el debate nacional las discusiones sobre paramilitarismo, justicia y memoria histórica.