La Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) ofreció esta semana disculpas públicas a las familias de los cuatro menores desaparecidos y posteriormente asesinados tras ser detenidos por militares en diciembre de 2024. Durante un acto realizado en Guayaquil, el comandante de la institución, general Mauricio Salazar, reconoció la responsabilidad del Estado en los hechos y pidió perdón a los familiares de las víctimas, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional.

La sentencia estableció que el Estado incurrió en graves violaciones de derechos humanos contra Josué Arroyo, Ismael Arroyo, Steven Medina y Nehemías Arichala, cuatro adolescentes afroecuatorianos detenidos irregularmente por una patrulla militar en el sector de Las Malvinas, al sur de Guayaquil. Los menores desaparecieron tras ser retenidos por los uniformados y sus cuerpos fueron hallados días después en una zona de manglar cercana a una base militar.

El caso derivó en una de las investigaciones más sensibles para las Fuerzas Armadas ecuatorianas. En diciembre de 2025, un tribunal condenó a varios militares por desaparición forzada, mientras que la Corte Constitucional ordenó medidas de reparación que incluyeron el acto público de disculpas, la creación de una jornada de memoria y la revisión de protocolos institucionales.

Pese a estos avances judiciales, familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos sostienen que aún persisten interrogantes sobre las circunstancias de los asesinatos y reclaman que las investigaciones continúen hasta esclarecer completamente lo ocurrido. Durante el acto realizado en Guayaquil, los familiares reiteraron sus demandas de verdad y justicia. El reconocimiento público de responsabilidad por parte del Estado constituye un hecho poco frecuente en Ecuador y vuelve a colocar en el centro del debate las consecuencias de la participación militar en tareas de seguridad interna.