Cuba avanza en la preparación de un amplio paquete de reformas legales y regulatorias orientadas a transformar tanto su estructura económica como su organización institucional. Entre las iniciativas presentadas se encuentran una nueva ley laboral, una ley de vivienda, una ley de tierras y un proyecto de Ley de Organización de la Administración Central del Estado, considerado uno de los cambios más significativos en la estructura gubernamental de los últimos años.
La propuesta busca reorganizar el aparato administrativo cubano mediante la reducción del número de ministerios, que pasarían de 27 a 20. Actualmente, Cuba cuenta con una de las mayores estructuras ministeriales de América Latina y el Caribe, donde el promedio regional se sitúa en 18 carteras. Con esta reforma, el país pretende acercarse a los modelos institucionales predominantes en la región, aunque manteniendo las particularidades de su sistema económico centralizado.
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ya había adelantado esta intención durante una entrevista concedida hace un mes, en la que defendió la necesidad de reducir la burocracia y hacer más eficiente el funcionamiento estatal en medio de la compleja situación económica que atraviesa el país.
Las reformas deberán ser debatidas y aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular, que podrá introducir modificaciones antes de su aprobación definitiva. Una vez promulgadas y publicadas en el Boletín Oficial, las entidades involucradas dispondrán de un plazo de 60 días para adecuar sus estructuras y procedimientos a las nuevas disposiciones.
El paquete también incluye medidas destinadas a fortalecer la autonomía de los municipios, ampliar los mecanismos de participación ciudadana y otorgar mayores facultades de gestión a las empresas estatales. Estas últimas podrán disponer de más autonomía operativa y financiera, con el objetivo de incrementar la participación de los trabajadores y mejorar su desempeño productivo.
Otro de los ejes de la reforma es la ampliación de las posibilidades para la inversión extranjera. Las modificaciones propuestas se sustentan en los cambios introducidos por la Constitución de 2019 y, de implementarse plenamente, podrían representar una de las transformaciones más importantes del modelo económico y administrativo cubano en las últimas décadas. Las medidas buscan resolver las tensiones históricas entre la planificación centralizada y los mecanismos de incentivo económico, al tiempo que pretenden eliminar obstáculos al desarrollo empresarial, estimular la producción nacional y fortalecer las exportaciones.
Uno de los anuncios más destacados es la ampliación de la autonomía de las empresas estatales socialistas, tradicionalmente subordinadas a una gestión altamente centralizada. Con esta reforma, el Gobierno aspira a dotarlas de mayores capacidades de decisión para incrementar su eficiencia y contribuir a la recuperación económica del país.
