El jueves 18 de junio el Parlamento canadiense se levantó para el receso de verano tras una sesión marcada por la consolidación de la mayoría liberal. Con cinco diputados opositores incorporados a sus filas y tres elecciones complementarias ganadas en abril, el gobierno de Mark Carney aprobó más de 20 proyectos de ley, aunque recurrió con frecuencia a mociones de cierre del debate que irritaron a la oposición. La presidenta del grupo parlamentario del Bloque Quebequense, Christine Normandin, describió el período como “todo menos colaborativo”; los conservadores coincidieron en el reproche, aunque el jefe de bancada liberal Steven MacKinnon los acusó de haber levantado una “barrera de teorías conspirativas y, francamente, paranoia”. Las bancadas regresan a las labores el lunes 21 de septiembre.
La pieza más polémica fue el Proyecto de Ley C-22, la Ley de Acceso Legal, aprobada en tercera lectura ese mismo jueves. La norma amplía las facultades de la policía y del Servicio Canadiense de Inteligencia y Seguridad (CSIS) para obtener información digital durante investigaciones y obliga a los proveedores de servicios electrónicos a retener metadatos de usuarios por hasta seis meses. Para apresurarlo, el gobierno forzó al comité de seguridad pública a sesionar hasta la madrugada para revisar el proyecto cláusula por cláusula. El diputado conservador Frank Caputo afirmó “que nos impongan enmiendas a la fuerza, sin debate ni discusión, es manifiestamente erróneo”, y su bancada reclamó que la parte más controvertida, la que obliga a las empresas a construir capacidades de asistencia técnica para el Estado, se tramitara por separado.
También hubo reacción del sector tecnológico. Signal, DuckDuckGo y varias empresas de VPN ya habían advertido que abandonarían el mercado canadiense antes de comprometer la privacidad de sus usuarios. Apple, Meta y Google también expresaron reparos públicos. El gobierno incorporó en la sesión de madrugada una cláusula de protección explícita del cifrado tras las presiones, aunque mantuvo la obligación de retención de metadatos. El proyecto pasa ahora al Senado, donde se anticipan nuevas presiones para reformas de fondo.
