Tras casi siete semanas de conflicto, el gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) finalmente instalaron una mesa de diálogo en el Banco Central de Bolivia. El presidente Rodrigo Paz acudió el miércoles 17 de junio acompañado de seis ministros, en lo que se presentó como el primer intento serio de salida negociada. Sin embargo, el encuentro duró menos de una hora: el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, declaró un cuarto intermedio apenas el dirigente cobista, Mario Argollo, condicionó cualquier avance a la liberación de los detenidos durante las protestas. De las alrededor de 360 personas arrestadas en unos 50 días de conflicto, la mayoría ya fue liberada y poco más de 20 permanecen procesadas.

La distancia entre las partes se profundizó en las horas siguientes. El gobierno cuestionó las “condiciones absurdas” planteadas por la COB y advirtió que detrás de ellas asomaba una “intención de cogobernar”. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, endureció el tono y aseguró que el Ejecutivo agotaría las últimas gestiones de diálogo y que, de persistir los cortes, el Estado tendría que “actuar con la ley”. Oviedo apuntó además contra el expresidente Evo Morales, a quien acusó de encabezar una estructura vinculada con el “narcoterrorismo” y de financiar los bloqueos, aunque no presentó pruebas. Al cierre del presente reporte, con el diálogo aún en pausa pero con comisiones que “avanzan”, las partes mantenían abierta la mesa técnica que revisa, caso por caso, la situación de los detenidos.

En paralelo, la conflictividad social mostró señales contradictorias. Al cumplirse el día 50 del conflicto, los bloqueos seguían afectando a buena parte del país —con La Paz y Cochabamba como los departamentos más golpeados—, donde casi dos millones de habitantes enfrentaron problemas de abastecimiento y circulación y los cortes fueron responsabilizados por la muerte de casi una decena de personas. Sin embargo, empezaron a abrirse las primeras brechas: cooperativistas y mineros de Ferreco desbloquearon la ruta a Caranavi, dando paso a mil camiones con combustible, gas y víveres, mientras en Río Abajo otros sectores retomaban el bloqueo y se disparaban los precios de las verduras. En el campo opuesto, lejos de ceder, los campesinos afines al evismo endurecieron la protesta con ponchos y wiphalas, exigiendo la renuncia de Paz, en línea con la negativa de la Federación Túpac Katari a sumarse a la negociación.

El trasfondo de estas decisiones parece ser una apuesta estratégica del oficialismo. De acuerdo con ciertos análisis, Paz apuesta por desgastar las protestas y evita sacar al Ejército a las calles, pese a contar con una ley que se lo permitiría, en la convicción de que el agotamiento de los bloqueadores rendirá más que una salida con el uso de la fuerza.