Los tres poderes del Estado acordaron el jueves 2 de julio una agenda conjunta de reforma de la justicia, pero la reunión convocada por el vicepresidente Edmand Lara en la Vicepresidencia terminó sin la presencia del Órgano Judicial, que no asistió. La distancia entre el anuncio y el hecho ilustra el problema de fondo: Bolivia debate la reforma judicial desde hace años sin ejecutarla. Seis proyectos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para reformar el sistema llevan meses sin tratamiento legislativo y continúan las acefalías en el Tribunal Constitucional Plurinacional y en el TSJ. Se arrastran desde diciembre de 2024. En paralelo, el TSJ amenazó con una huelga a partir del lunes 6 de julio si el gobierno no le asigna el 5% del presupuesto estatal (recibe actualmente el 0,46%).

La agenda judicial adquirió urgencia política adicional con la denuncia penal que la Fiscalía General admitió contra Evo Morales, Mario Argollo y el dirigente campesino Vicente Salazar por su papel en los 53 días de bloqueos. Morales negó haber ordenado los bloqueos y se desmarcó de los Ponchos Rojos —la organización que operó los piquetes más duros en el altiplano paceño— en una maniobra destinada a separar su responsabilidad política de la penal. Desde la Gobernación de La Paz, Juan Pablo Velasco exigió que quienes hicieron daño al departamento respondan ante la justicia. 

Un análisis de Human Rights Watch publicado por El País pone cifras al estado del sistema: 22 mil expedientes acumulados en el Tribunal Constitucional, personas que esperan más de tres años para que se revise la legalidad de su detención, y un presupuesto que representó el 0,46% del gasto estatal en 2024. El dato más revelador es político: sólo el 12 por ciento de los bolivianos confía en la justicia. Eso explica, en parte, por qué el conflicto social deriva en bloqueos de carreteras antes que en litigios. Sin mecanismos institucionales creíbles para resolver disputas, la calle sigue siendo el foro principal donde las demandas encuentran respuesta. La reforma anunciada esta semana corre el riesgo de convertirse en un ciclo más de declaraciones sin ejecución si no incluye presupuesto real, independencia estructural y rendición de cuentas.