Bolivia inició esta semana el mayor viraje de su política económica en casi dos décadas al adoptar el tipo de cambio flexible del boliviano, que entró en vigor el domingo 28 de junio por decisión del Banco Central de Bolivia (BCB). La primera cotización registró 9,76 bolivianos por dólar frente a los 6,96 previos a la decisión. El BCB encuadró políticamente la medida al atribuir la devaluación acumulada al gobierno de Arce, argumentando que la brecha entre el tipo oficial congelado y el valor real del boliviano se había ensanchado durante años de caída de reservas y expansión del mercado negro de divisas. La flotación no habría hecho más que reconocer una realidad que el precio fijo ya no podía sostener.

El gobierno del presidente Rodrigo Paz acompañó el nuevo esquema con medidas de amortiguación inmediatas. Redujo aranceles para contener el encarecimiento de importaciones y comprometió que el 99,5% de los créditos bancarios en bolivianos no se vería afectado. El primer día de operaciones registró movimientos por 17 millones de dólares, cifra que el gobierno presentó como señal de funcionamiento ordenado. La respuesta del sector privado fue condicional: industriales y exportadores respaldaron la medida pero exigieron seguridad jurídica, reforma tributaria e incentivos a exportaciones como condición para que el cambio produzca “reactivación real”.

La reforma cambiaria se implementó en paralelo con dos decisiones de política energética que completan la agenda del gobierno en la etapa post conflicto. El Ejecutivo abrió el mercado de combustibles a operadores privados hasta 2030, mientras el diésel sigue sin normalizarse en el abastecimiento nacional. Por otro lado, el encuentro de Paz con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en la cumbre del Mercosur —donde el bloque rechazó cualquier conducta que comprometa la estabilidad democrática en Bolivia— derivó en un acuerdo para acelerar las negociaciones entre Petrobras e YPFB para la explotación de gas natural. La apertura al capital brasileño en hidrocarburos representa un giro respecto a la soberanía energética que el Movimiento Al Socialismo (MAS) sostuvo durante 20 años, aunque el alcance real dependerá de lo que finalmente se suscriba.