El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó a Keiko Fujimori presidenta electa del Perú, cerrando formalmente el ciclo electoral abierto el 7 de junio. Es la cuarta vez que Fujimori alcanza la segunda vuelta y la primera en que la gana, con el 50,12% de los votos y una diferencia de 44 mil 453 sufragios sobre Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). La proclamación clausuró institucionalmente la insinuación de fraude que Sánchez había sostenido durante los últimos días. El JNE había rechazado las 23 apelaciones de Juntos por el Perú antes de la proclamación, sin que ninguna lograra acreditar irregularidades sistemáticas.
Las primeras señales del gobierno entrante apuntan a una estrategia doble. Fujimori prepara una solicitud de facultades para legislar por decreto en seguridad, economía y la emergencia por El Niño, lo que anticipa la intención de actuar desde el Ejecutivo antes de que el Congreso esté plenamente operativo. En paralelo, las conversaciones para las presidencias del Senado y la Cámara de Diputados del nuevo Congreso bicameral avanzan, con Fuerza Popular tendiendo puentes para controlar al menos una de las dos cámaras. La declaración de Fujimori de que el Congreso le permite “hacer leyes, representar y fiscalizar gobiernos” —en referencia a su propio bloque parlamentario— confirma que la acumulación de poder legislativo y ejecutivo es central a su estrategia política. Con la consolidación de estas dos gestiones, Fujimori tendrá amplio margen para tomar decisiones.
Sin embargo, la transición se inaugura bajo tensiones institucionales que anticipan conflictos durante el nuevo gobierno. El Poder Judicial pidió a Fujimori derogar las “leyes pro crimen” que el Congreso saliente aprobó —normas que debilitaron controles sobre el sistema de justicia—, mientras la expresidenta del Tribunal Constitucional Marianella Ledesma advirtió que el gobierno entrante podría retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a lo que denominó “el siguiente paso” de las fuerzas que respaldan a Fujimori.
Un episodio lateral pero políticamente revelador: el JNE declaró inadmisible la candidatura de Rafael López Aliaga como primer regidor de Lima, y días después el Congreso notificó al organismo electoral que el propio López Aliaga decidió no asumir como senador. La doble renuncia práctica del líder de Renovación Popular (derecha) —que respaldó a Fujimori en el balotaje— deja a ese partido sin representación directa en el gobierno y sin un referente claro en la nueva cámara alta, lo que reduciría su capacidad de presión sobre Fuerza Popular desde el primer día legislativo.
