El proceso de revocatoria de mandato contra el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta María José Pinto entró esta semana en una fase decisiva. El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Cabrera, informó el jueves 9 de julio que el organismo resolverá durante este mes las dos solicitudes de revocatoria en trámite, tras concluir el plazo de siete días que tuvo Noboa para presentar sus descargos. Según explicó Cabrera en declaraciones a Teleamazonas, el pleno del CNE dispone ahora de 15 días para analizar los informes jurídicos y decidir si entrega los formularios para la recolección de firmas: el primer expediente deberá resolverse hasta el 17 de julio, y el segundo, hasta el 28 de julio. Cualquier resolución podrá ser apelada ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
El primer pedido fue presentado el 9 de junio por el abogado Washington Andrade, el dirigente indígena Leonidas Iza y el activista Jorge Cáceres, bajo la iniciativa “Revoca EC”, que alega incumplimiento del plan de gobierno y de funciones constitucionales. El segundo fue presentado el 23 de junio por Guido Perugachi, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Montubias (Fenocin), junto con dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores, el Frente Popular y la Unión Nacional de Educadores (UNE), y cuestiona en particular el acuerdo suscrito por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La Presidencia respondió a ambas solicitudes: el 24 de junio entregó más de 14 mil 500 folios distribuidos en 22 cajas de documentación para sustentar el cumplimiento de su plan de gobierno, y el 7 de julio, a través del secretario jurídico Enrique Herrería, impugnó formalmente la segunda solicitud y pidió su archivo, al considerar que cuestiona decisiones de política pública —como el acuerdo con el FMI— que no constituyen causal válida para activar el mecanismo.
El trámite institucional viene acompañado de una escalada de movilizaciones sociales. Tras la denominada Marcha de las Antorchas realizada en Quito el 4 de julio, los promotores de la iniciativa convocaron un nuevo cronograma de vigilias y protestas para los días 11 y 15 de julio frente a las delegaciones electorales de distintas ciudades del país, bajo la consigna “La revocatoria va, porque va”, con el objetivo declarado de reunir al menos cinco mil participantes y presionar al organismo electoral para que resuelva dentro de los plazos reglamentarios. De admitirse alguna de las dos solicitudes, los promotores deberán reunir cerca de dos millones de firmas válidas —equivalentes al 15% del padrón electoral— en un plazo de 180 días, como paso previo a una eventual consulta popular sobre la continuidad del binomio presidencial.
