El secretario de Estado, Marco Rubio, convocó el jueves 16 de julio un encuentro ministerial en el Departamento de Estado que reunió delegaciones de más de 60 países para coordinar una estrategia internacional contra lo que la administración Trump denomina la “resurgencia del terrorismo político de extrema izquierda”. En su discurso de apertura, Rubio argumentó que la doctrina antiterrorista global ha tenido un “punto ciego” hacia la violencia de izquierda y acusó a gobiernos, universidades y medios de haber tolerado durante décadas actos que, en otros contextos ideológicos, serían clasificados directamente como terrorismo. El asesor presidencial Stephen Miller, también presente, sostuvo que las instituciones occidentales se han vuelto demasiado blandas para defenderse de lo que describió como una amenaza mortal a la civilización.

Al cierre de la cumbre, Rubio anunció nuevas restricciones de visas para bloquear el ingreso a Estados Unidos de integrantes de redes identificadas como terroristas de extrema izquierda, o de quienes las financien, recluten o asistan logísticamente. La medida se suma a la designación, en noviembre de 2025, de cuatro grupos europeos —incluido Antifa Ost, de Alemania— como organizaciones terroristas extranjeras, y a la estrategia antiterrorista nacional publicada en mayo de este año que incorporó oficialmente a los “extremistas violentos de izquierda” entre las tres principales amenazas de seguridad interior del país.

La iniciativa genera tensión con los datos disponibles sobre violencia política. Según cifras del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), la violencia política de extrema derecha ha superado históricamente a la de izquierda: entre 2016 y 2024, el promedio anual de incidentes de derecha más que quintuplicó al de izquierda, aunque el diferencial se redujo en 2025.