El vínculo entre México y Estados Unidos atravesó tensiones y diferencias esta semana en el terreno de la seguridad y en el campo migratorio. El 16 de julio se anunció la designación del Cártel de Juárez y de Los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados por parte del Departamento de Estado —tras haber sido incluidos un día antes por el Departamento del Tesoro en su lista de organizaciones terroristas extranjeras y globales, con el consecuente congelamiento de sus activos en territorio estadounidense—.
Con esta medida, ya son ocho las organizaciones criminales de origen mexicano designadas como terroristas por la administración de Donald Trump desde febrero de 2025. El secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que ambos grupos han perpetrado numerosos ataques contra estadounidenses, fuerzas de seguridad mexicanas y civiles, refiriéndose, entre otros hechos, a la masacre de 2019 en Sonora de nueve ciudadanos estadounidenses a manos de La Línea, facción del Cártel de Juárez.
La medida se dio en un contexto de presión creciente sobre la administración de Claudia Sheinbaum, luego de que el jefe de la DEA, Terry Cole, afirmara públicamente que el Gobierno mexicano y los cárteles del país son “una misma cosa”. Sheinbaum rechazó de forma tajante esa caracterización, calificándola de “una declaración más política que respaldada por evidencia”.
El segundo eje de tensión de la semana fue el migratorio. El embajador de México en Washington, Roberto Lazzeri, se reunió esta semana con el director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), David Venturella, y con el subdirector Charles Wall, por instrucción de Sheinbaum y del canciller Roberto Velasco, para abordar los casos de connacionales fallecidos durante operativos o bajo custodia de esa agencia. “Planteamos la necesidad de esclarecer cada caso, garantizar acceso consular oportuno y notificación inmediata a las familias”, señaló Lazzeri, quien agregó que se acordó explorar mecanismos de coordinación para evitar que estos hechos se repitan. La reunión se dio horas después de que Sheinbaum pidiera a Estados Unidos “no criminalizar” la migración, tras confirmarse la muerte de otro mexicano atropellado el 14 de julio en Florida durante un operativo migratorio —el segundo caso en la semana, luego del fallecimiento de Lorenzo Salgado Araujo, baleado por un agente del ICE en Houston el 7 de julio—.
Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que exigió investigaciones “prontas, imparciales, independientes y transparentes”, ya son 17 los mexicanos muertos bajo custodia del ICE o durante operativos migratorios desde el inicio del segundo mandato de Trump, de los cuales seis ocurrieron en lo que va de 2026. El Gobierno mexicano ha incorporado estos casos a una estrategia jurídica que incluye denuncias ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y solicitudes de intervención a la CIDH y al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
A estos desencuentros se sumó la decisión de México de no asistir a la Cumbre Ministerial contra el Resurgimiento del Terrorismo Político, convocada por Rubio para el 16 de julio en Washington con la participación de representantes de más de 60 países. El encuentro, enfocado en lo que la administración Trump denomina “terrorismo transnacional de extrema izquierda”, tampoco contó con la presencia de Brasil ni Colombia. En su conferencia matutina del 17 de julio, Sheinbaum confirmó que México fue invitado pero decidió no acudir: “Dado que era un tema, desde nuestra perspectiva, más político que un asunto realmente relacionado con el combate a los grupos delincuenciales u otros temas de seguridad, consideramos que era mejor no asistir”, explicó la mandataria, quien remarcó que “los temas políticos no tienen por qué convertirse en tema de seguridad” y comentó que la decisión fue comunicada formalmente al Departamento de Estado.
