El primer ministro Mark Carney reunió el jueves 23 de julio de 2026 en Charlottetown, Isla del Príncipe Eduardo, a los 13 primeros ministros provinciales y territoriales (premiers), en el cierre de la reunión anual del Consejo de la Federación. El encuentro estuvo dominado por la respuesta conjunta a la escalada arancelaria de Washington, pero también derivó en un compromiso concreto de política interna: los mandatarios acordaron trabajar hacia un acuerdo, en principio antes de que termine 2026, para adoptar una legislación modelo de “reconocimiento mutuo” entre provincias. En términos simples, esto significa que un bien, un servicio o una certificación profesional autorizados en una provincia podrían circular o ejercerse en cualquier otra sin necesidad de una nueva aprobación local, con el objetivo declarado de crear “un mercado canadiense único” y facilitar la movilidad laboral. La tarea quedó en manos del Comité de Comercio Interno, el organismo técnico que reúne a funcionarios federales y provinciales para instrumentar este tipo de acuerdos.
En el plano energético, los gobiernos coincidieron en que los mercados de carbono industrial deben rediseñarse para atraer inversión sin resignar competitividad global, y se comprometieron a lanzar antes de fin de verano un grupo de trabajo federal-provincial-territorial que explore vincular los distintos esquemas de precios al carbono entre jurisdicciones, con un informe recién previsto para julio de 2027. Como antesala, nueve provincias habían firmado dos días antes un acuerdo para habilitar la venta directa al consumidor de bebidas alcohólicas entre jurisdicciones —es decir, poder comprar vino o cerveza de otra provincia sin intermediarios—, un compromiso que en rigor debía concretarse en mayo.
Sin embargo, la postal de unidad que buscó proyectar Carney convivió con fisuras visibles sobre cómo responder a Washington. No todos los primeros ministros compartían la misma confianza en que un acuerdo con Estados Unidos esté cerca: mientras la premier de Alberta, Danielle Smith, se mostró optimista, otros, como el de Saskatchewan, Scott Moe, se mostraron más cautos. La principal grieta se abrió en torno a si Canadá debería usar sus exportaciones de energía como herramienta de represalia: el premier de Ontario, Doug Ford, insistió en retener potasa y petróleo canadienses para presionar a Washington, y llegó a decir que “somos una potencia energética y podríamos desmantelar a Estados Unidos si quisiéramos”. Smith, junto con Moe, rechazó de plano esa estrategia, por temor a dañar la relación comercial de fondo con su principal socio.
Esa combinación —un compromiso institucional concreto sobre comercio interno, envuelto en un discurso de unidad que no logra ocultar las diferencias tácticas frente a Estados Unidos— define lo que deja Charlottetown de cara a fin de año: un cronograma ambicioso para el “mercado único”, que dependerá de que los mismos gobiernos que hoy discrepan sobre cómo enfrentar a Washington logren, además, ponerse de acuerdo puertas adentro.
