La Casa Blanca aplicó desde la medianoche del viernes 24 de julio de 2026 nuevos aranceles de 10% y 12,5% sobre importaciones de 60 economías —el 99% del comercio exterior estadounidense—, tras determinar que esos países no imponen ni hacen cumplir de manera efectiva una prohibición sobre bienes producidos con trabajo forzoso. La medida alcanza a aliados históricos de Washington como Australia y la Unión Europea —con la tasa más alta, del 12,5%—, mientras que Canadá y México, junto con el Reino Unido, quedaron entre los países con el arancel reducido del 10%, por haber adoptado o comprometido restricciones a la importación de bienes producidos con esa práctica.
La medida reemplaza a los aranceles universales del 10% que Trump había impuesto en febrero, después de que la Corte Suprema fallara que el presidente carecía de autoridad legal para aplicar los gravámenes “recíprocos” originales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, lo que obligó a reembolsar a los importadores. Como respuesta, la administración recurrió a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite aranceles temporales por hasta 150 días para atender crisis de balanza de pagos; ese plazo vencía esta semana. Los nuevos gravámenes, en cambio, se basan en la Sección 301 de esa misma ley —una herramienta más duradera, ligada a investigaciones formales sobre prácticas comerciales— en un intento de blindar jurídicamente la política arancelaria de Trump ante nuevos cuestionamientos judiciales.
En Brasil, el anuncio generó rechazo. El gobierno —cuya política comercial conduce el vicepresidente y ministro de Desarrollo, Industria y Comercio, Geraldo Alckmin— calificó la medida de “injusta” e “injustificada” en un comunicado oficial, y anunció que activará su Ley de Reciprocidad y llevará el caso al mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio. Esa tarifa del 12,5% se suma a un arancel adicional del 25% que Washington ya aplicaba a Brasil por motivos ajenos al trabajo forzoso, con lo que la carga combinada podría llegar al 37,5% para algunos productos.
En México, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, buscó bajar la tensión y precisó que la medida no altera el arancel efectivo que el país ya paga: “quedan excluidas todas las exportaciones de México, más del 85%” que cumplen con el T-MEC, señaló, y agregó que el 10% aplicado bajo la nueva sección simplemente reemplaza al que regía desde febrero. Canadá adoptó un tono similar. El ministro responsable del Comercio con Estados Unidos, Dominic LeBlanc, sostuvo en un comunicado oficial que la medida “no es inesperada” y remarcó que Canadá comparte el objetivo de Washington de impedir que bienes producidos con trabajo forzoso entren en las cadenas de suministro, al tiempo que subrayó que los productos que cumplen con el T-MEC quedan exentos del nuevo gravamen.
Australia reaccionó de manera más dura. El ministro de Comercio australiano, Don Farrell, calificó los aranceles de “injustificados, incompatibles con nuestro tratado de libre comercio y que deberían eliminarse”, y afirmó que las políticas de su país contra la esclavitud moderna están entre las más estrictas del mundo. La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, calificó la medida de “sorpresa negativa” y rechazó como infundadas las acusaciones sobre trabajo forzoso.
