El lunes 20 de julio, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó un informe de aproximadamente 100 páginas titulado “Cuba: La capital del comunismo del siglo XXI”, en el que presenta a la isla caribeña como una amenaza para la seguridad nacional estadounidense y la acusa de desempeñar un papel central en la promoción de movimientos de izquierda, redes de inteligencia e influencia política tanto en Estados Unidos como en otros países del hemisferio.
La publicación del informe se produjo pocos días después de que Marco Rubio encabezara en Washington una reunión ministerial centrada en combatir lo que Estados Unidos define como el crecimiento del terrorismo de extrema izquierda a nivel internacional.
El documento, bajo la dirección del secretario de Estado Marco Rubio, sostiene que el Gobierno cubano ha desarrollado durante más de seis décadas una estrategia destinada a “socavar, degradar y desestabilizar” a Estados Unidos mediante operaciones de espionaje, influencia política y apoyo a organizaciones afines.
El Departamento de Estado repasa la historia de la Revolución Cubana desde 1959 y sostiene que durante 67 años el Gobierno cubano ha entrenado a grupos considerados terroristas por Washington, acusando al país de ser la “capital del comunismo del siglo XXI”.
Entre sus principales afirmaciones, el informe asegura que la inteligencia cubana habría logrado infiltrarse en instituciones estadounidenses como el Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional y el Pentágono. También sostiene que La Habana mantiene una red de influencia política e ideológica orientada a promover el extremismo de izquierda y afectar los intereses de Estados Unidos y de otros países de la región.
El texto atribuye además a Cuba intentos de influencia sobre movimientos sociales, organizaciones de solidaridad, grupos de protesta, estudiantes, intelectuales y organizaciones no gubernamentales. En ese sentido, afirma que diversos episodios de movilización ocurridos en los últimos años en Estados Unidos, entre ellos las protestas tras la muerte de George Floyd, el movimiento Antifa y el activismo propalestino en universidades, pueden vincularse, de una u otra forma, con la influencia del Gobierno cubano.
Washington acusa a La Habana de albergar instalaciones militares y de inteligencia vinculadas a países como Rusia, China e Irán. Según Washington, estos elementos convierten a Cuba en una “amenaza singular” para la seguridad nacional de Estados Unidos.
El informe establece un marco político para justificar el mantenimiento o endurecimiento del bloqueo económico y otras medidas coercitivas contra Cuba, así como la promoción de iniciativas multilaterales dirigidas a aumentar la presión sobre el Gobierno de La Habana.
Las autoridades cubanas han rechazado reiteradamente este tipo de acusaciones. El Gobierno sostiene que no existen bases militares ni instalaciones de inteligencia de potencias extranjeras en la isla y afirma que la política de Washington forma parte de una estrategia para justificar un incremento de la presión contra el país.
