El pasado domingo 19 de julio, durante el acto por el 47.º aniversario de la Revolución Sandinista, celebrado en Managua, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció que el país no volverá a celebrar elecciones.

Durante su discurso, Ortega aseguró que “aquí nunca más habrá elecciones” y justificó la medida al afirmar que impediría que la oposición pudiera “tomar el gobierno” o “atrapar el poder”. El mandatario también adelantó que impulsará nuevas leyes a través de la Asamblea Nacional —controlada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)— para establecer un “muro” legal contra partidos, organizaciones o actores que, según afirmó, estén respaldados o influenciados por Estados Unidos o por sectores opositores.

El anuncio se produce después de las reformas constitucionales aprobadas a finales de 2024, que ampliaron el mandato presidencial de cinco a seis años y establecieron la figura de la “copresidencia”, cargo que ocupa Rosario Murillo, esposa de Ortega. Con esas modificaciones, el actual período presidencial se extenderá hasta 2028, dejando sin efecto el calendario electoral que contemplaba la celebración de elecciones generales en noviembre de 2027.

Las elecciones de 2021 ya habían sido ampliamente cuestionadas por la comunidad internacional. Antes de esos comicios, el gobierno encarceló a los principales aspirantes presidenciales de la oposición, ilegalizó partidos políticos y cerró medios de comunicación independientes, en un proceso que permitió la reelección de Ortega sin competencia efectiva.

Tras las declaraciones del mandatario, la Asamblea Nacional anunció el inicio de un proceso para elaborar un plan legislativo que implemente las directrices presidenciales. En un comunicado, el Parlamento sostuvo que las futuras iniciativas buscarán garantizar “la paz, la seguridad, la estabilidad y la continuidad de los logros en la lucha contra la pobreza”.

El anuncio provocó una inmediata reacción internacional. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que las nuevas medidas profundizarían el deterioro de los derechos civiles y políticos en Nicaragua y agravarían la represión contra la disidencia. Asimismo, instó a las autoridades a reabrir el espacio cívico, restablecer el Estado de derecho y garantizar que ciudadanos de todas las corrientes políticas puedan votar y postularse a cargos públicos, de conformidad con las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos.
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