La investigación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) bajo la Sección 301 sobre la prohibición de importación relacionada con el trabajo forzado en cadenas de suministro falló en contra de Brasil, por lo que el pasado jueves dictaminó un arancel del 12,5%, medida adicional al gravamen de 25% por supuestas prácticas desleales que entró en vigor el pasado 22 de julio.

Al respecto, el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, publicó un comunicado en el que se indica que iniciará los trámites pertinentes para activar los instrumentos de respuesta previstos en su Ley de Reciprocidad y que, al igual que los gravámenes del 25%, llevará el asunto ante el mecanismo de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En el mismo documento, el gobierno brasileño argumentó ser signatario de 66 convenios vigentes con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mientras Estados Unidos solo ha ratificado 10. Además, afirmó haber ratificado los cuatro instrumentos de la OIT relacionados con el trabajo forzado: Convenio 29 de 1930, Convención 105 de 1957, Recomendación 203 y el Protocolo al Convenio 29, ambos de 2014; en tanto, Estados Unidos solo ha ratificado uno.

Mientras este nuevo anuncio aún es asimilado, el presidente Lula da Silva lanzó el programa Brasil Soberano III, consistente en una nueva línea de crédito por 3 mil 650 millones de dólares para apoyar a las empresas afectadas por el arancel del 25% además de promover la diversificación de mercados y respaldar a sectores estratégicos como fertilizantes y minerales críticos.