En una jornada maratónica que culminó en la noche del 16 de octubre, la Cámara de Representantes de Colombia dio luz verde a la reforma laboral promovida por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta reforma, central para la actual administración, avanza ahora al Senado, donde se anticipa un debate aún más acalorado y crucial para su destino. El proyecto de ley busca transformar el panorama laboral del país, con cambios que van desde el aumento en las remuneraciones por trabajo en domingos y días festivos, hasta una regulación más estricta de los contratos temporales, incluyendo protecciones adicionales para los trabajadores de plataformas digitales. También se han incorporado propuestas de última hora, como la regulación del empleo a tiempo parcial, que pretende combatir la informalidad laboral, y la ampliación de la licencia de paternidad, un paso importante hacia la equidad de género. Además, se ha aprobado un aumento en el tiempo de aviso previo para los despidos.
Con una votación de 121 a favor y 62 en contra, la aprobación en la Cámara fue contundente, aunque no exenta de críticas. El sector empresarial ha alzado la voz en contra de varias disposiciones, advirtiendo sobre posibles efectos negativos en la creación de empleo y la sostenibilidad de las empresas, particularmente las pequeñas y medianas. Algunos empresarios han señalado que podrían reducir las contrataciones o adoptar medidas de austeridad si la reforma avanza tal como está planteada.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro celebró el resultado como un avance hacia una “Colombia más justa”, defendiendo que la reforma busca corregir décadas de precarización laboral. A través de sus redes sociales, el mandatario expresó su satisfacción y resaltó la importancia de garantizar derechos que históricamente han sido vulnerados en el país.
Ahora, el proyecto enfrenta su prueba más difícil: el Senado. A pesar de contar con un sólido respaldo en la Cámara, el gobierno es consciente de que el Senado, con una composición política más diversa, representa un reto significativo. Ya se anticipa que algunos senadores buscarán introducir modificaciones al texto, especialmente en aquellos puntos que han generado mayor controversia. La discusión se centrará en cómo equilibrar las demandas de los trabajadores con las preocupaciones del sector empresarial en un contexto económico marcado por la inflación. Los próximos meses serán decisivos, con el Senado como campo de batalla donde se definirá si la propuesta del gobierno de Petro logra convertirse en ley o si será objeto de ajustes para alcanzar un consenso más amplio.
