La Fiscalía Departamental de Santa Cruz emitió una segunda orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, en el marco de la investigación por los 53 días de bloqueos que entre mayo y junio paralizaron más de cien puntos de carreteras en el país. La causa, abierta por denuncia del Comité pro Santa Cruz con adhesión del Ministerio de Gobierno, investiga al expresidente por seis delitos: alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra los servicios públicos. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, señaló que las órdenes de aprehensión deben ejecutarse y que no tienen fecha de caducidad.

Morales respondió desde Lauca Ñ —localidad del Trópico de Cochabamba donde permanece bajo la protección de comunarios y simpatizantes— calificando la medida como persecución política para desviar la atención de la crisis económica y social. “No van a intimidarnos. Seguiremos luchando junto al pueblo”, afirmó, y sostuvo que “Bolivia merece un camino distinto: el de la dignidad, la soberanía, la justicia social”. Desde el Ejecutivo, el vocero presidencial José Luis Gálvez y el ministro de Gobierno Marco Oviedo enmarcaron las investigaciones como respuesta a un “plan de desestabilización” que atribuyen al expresidente.

La nueva orden se suma a un cuadro legal previo: Morales enfrenta un proceso activo en Tarija por trata agravada —donde fue declarado rebelde al no presentarse al juicio oral— y una investigación reabierta en Argentina en 2025 por trata de personas y abuso de menores durante su asilo en ese país. Los bloqueos que dieron origen a este tercer proceso fueron impulsados por la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación de Campesinos Túpac Katari y seguidores de Morales que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz; varios de sus dirigentes ya están en prisión, entre ellos el líder de la Túpac Katari, Vicente Salazar.