El gobierno de Chile celebró en la primera semana de agosto la aprobación parlamentaria del proyecto de ley denominado oficialmente Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, conocido también como “megarreforma”. En la misma semana, el presidente José Antonio Kast presentó una iniciativa llamada “Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo”, que busca endurecer las penas contra algunos delitos y, según sus detractores, criminalizar la protesta social.

El mandatario presentó la agenda, que incluye un paquete de treinta proyectos de ley, en una alocución transmitida por cadena nacional. Este tema es uno de los ejes prioritarios que ha señalado para su gestión. “Durante mucho tiempo pensamos la seguridad de la Nación mirando hacia afuera de nuestras fronteras. Hoy sabemos que la amenaza más grave que enfrenta Chile crece dentro de nuestra Patria”, afirmó Kast en la introducción a las propuestas, en la que dijo que hay “más de 10 organizaciones de crimen organizado transnacional operando en nuestro territorio”. Si bien la mayoría de los objetivos declarados remiten al crimen organizado, hay varias medidas que apuntan a la represión de movilizaciones sociales y en general a los sectores populares, como la posibilidad de establecer “estados de excepción en algunos barrios”.

Desde la oposición, el Frente Amplio cuestionó los anuncios. La presidenta de la organización, Constanza Martínez, planteó que “quedó en evidencia que no tenían ningún plan” para la seguridad “y ahora van a ir a lo único que tienen, al parecer, que es ser un gobierno mucho más duro en lo performático”. La dirigente señaló que las normas que propone el gobierno “son represivas” y consideró que “a la larga no resuelven el problema de seguridad en las poblaciones”.