El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), indultado en Estados Unidos tras ser condenado a 45 años de prisión por narcotráfico, acudió este miércoles 12 de agosto a la sede del Poder Judicial en Tegucigalpa para enfrentar una nueva etapa del proceso conocido como Pandora II, en el que la Fiscalía lo acusa de fraude y lavado de activos relacionados con el desvío de fondos públicos entre 2010 y 2013.
Antes de ingresar a la Sala Sexta del Tribunal de Sentencia, Hernández afirmó que afronta el proceso “con respeto” a la justicia hondureña. “Hay que ir siempre a enfrentar la justicia como debe ser, con el respeto del caso, a las instituciones y a las personas”, declaró ante los periodistas.
La audiencia inicial forma parte de la etapa procesal en la que el juez deberá determinar si existen elementos suficientes para elevar el caso a juicio oral y público. Durante la sesión, la Fiscalía ratificó la acusación contra Hernández por los delitos de fraude y lavado de dinero, según informó el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva.
La defensa, en cambio, sostiene que el expresidente es víctima de una “persecución política”. La abogada Angie Colindres, integrante de su equipo jurídico, pidió a la Justicia garantizar su derecho a la “presunción de inocencia” y afirmó que esta deberá demostrarse en los tribunales.
Hernández enfrenta el proceso en libertad provisional, aunque sujeto a medidas cautelares. Entre ellas, se encuentran la prohibición de salir del país, la vigilancia a cargo de sus abogados y la presentación de informes periódicos.
El proceso ya había tenido una primera audiencia el 3 de agosto, cuando Hernández compareció ante el Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción. En esa instancia se determinó el cambio de juzgado, de la Corte Suprema a un tribunal ordinario, y se estableció que el expresidente podía afrontar el proceso en libertad bajo medidas cautelares.
Durante la audiencia del miércoles 12 de agosto, su equipo legal solicitó un plazo para revisar los medios de prueba presentados por el Ministerio Público. La Corte Suprema de Justicia aceptó el requerimiento y aplazó la reanudación de la audiencia para el martes 18 de agosto. Ese día, el juez deberá determinar si el caso avanza a la etapa de juicio oral y público.
