La escasez de combustible se reinstaló esta semana como tema central para el gobierno de Rodrigo Paz. Siete capitales departamentales reportaron desabastecimiento —La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro, Chuquisaca, Tarija y Beni— mientras que la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sostuvo que el producto existe, pero la distribución falla. El martes 11 de agosto el dirigente del transporte pesado Juan Yujra amenazó con romper el estado de excepción si la crisis no se resolvía y convocó un ampliado nacional para el 10 de septiembre. El Decreto Supremo 5636, que suspendió las movilizaciones el 20 de junio, vence el 20 de septiembre. La senadora Claudia Mallón fue la primera en sugerir públicamente su ampliación, pero Paz no ha respondido.
Ante la presión acumulada, Paz eligió la disculpa pública como herramienta política. En dos actos en Yacuiba admitió que “el combustible es un dolor en el pecho” y reconoció “un año muy duro” con “muchas complicaciones”. Esa misma jornada anunció la presentación de la Ley de Inversiones al Legislativo sosteniendo que “para crecer, necesitamos ser un país atractivo para los nacionales y para aquellos que quieren venir a invertir a Bolivia”. La apuesta muestra el cálculo del gobierno: desplazar el debate desde la emergencia del carburante hacia un horizonte de reformas estructurales. Sin embargo, cuando los periodistas le preguntaron si ampliaría el estado de excepción —la única herramienta coercitiva que contiene las movilizaciones— Paz eludió la pregunta afirmando que “hay mucho por hacer”.
La Ley de Inversiones —primera de un paquete de 12 reformas— llegó a un Legislativo que ya no tiene mayorías claras. La Asamblea que comenzó la legislatura con cuatro bloques relativamente definidos se atomizó en pocas semanas: el Partido Demócrata Cristiano (65 legisladores) fue el primero en dividirse; Unidad (33) se fracturó a fines de julio adoptando una “oposición constructiva” liderada por Doria Medina; y Libre (51) registra ahora su propia fisura, con tres senadores —Marinkovic, Suárez y Kathia Quiroga— desmarcándose de Jorge «Tuto» Quiroga, mientras el diputado Guillermo Mendoza los acusa de “extraña cercanía” con el gobierno y estima el piso propio de Tuto en unos 20 diputados. Ante esa aritmética, Paz negocia legislador por legislador, apelando a la representación regional por encima de los líderes de bancada y aprovechando que los bloques más pequeños ganan palanca en un Legislativo sin mayorías fijas.
En ese clima de presión social y atomización legislativa, la Cámara de Diputados incorporó en su agenda del jueves 13 de agosto el informe sobre la “gasolina basura” que señala responsabilidades de exautoridades del período anterior por la compra de combustible adulterado. Al mismo tiempo, la judicialización avanzó por su cuenta: la exdirectora jurídica de YPFB, Daniela Durán, pasó a detención domiciliaria a la espera de un proceso cuya continuidad depende de que la Asamblea coopere con las investigaciones. La discusión de ese informe le permite al gobierno de Paz posicionarse como heredero de una crisis que, argumenta, no generó, pero que tampoco ha resuelto.
