El conflicto se desató el 12 de julio, cuando directivos de la cooperativa eléctrica de la provincia del Neuquén, CALF —la mayor distribuidora de energía de la Patagonia—, comenzaron a recibir advertencias de la Embajada de Estados Unidos sobre una eventual cancelación de visas si la entidad avanzaba con la instalación de fibra óptica y un centro de datos de la firma china Huawei en Vaca Muerta. El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, ratificó la advertencia en una carta a la cooperativa: “Confirmo que la correspondencia refleja fielmente la política de Estados Unidos. Como embajador, mi obligación y prioridad en Argentina es proteger la seguridad nacional y promover la inversión estadounidense”, y sostuvo en el Energy Summit 2026 de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) que “China exige a sus empresas que le den al Estado acceso a cualquier dato que pasa por su tecnología y sus redes de IA”, lo que deja esa información “bajo el control del Partido Comunista Chino”. La Embajada de China en Buenos Aires calificó la actuación estadounidense de “chantaje con visados” y acusó a Washington de violar la soberanía argentina. CALF defendió la autonomía de sus decisiones y argumentó que su infraestructura combina proveedores de distintos orígenes —servidores estadounidenses, equipos suizos, routers europeos y electrónica china— bajo criterios de costo y factibilidad técnica.
El gobierno nacional no ofreció respaldo diplomático a la cooperativa ni se pronunció sobre las advertencias del embajador. Convocado por la oposición para dar explicaciones ante la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales de la Cámara de Diputados, Lamelas faltó a la citación el miércoles 19 de agosto, lo que llevó al presidente de la comisión, el diputado Aldo Leiva, de Unión por la Patria, a cursarle una nueva invitación. El jefe del bloque opositor, Germán Martínez, cuestionó la ausencia: “Se perdió una oportunidad de esclarecer los hechos. No puede haber excusas para no venir”. El diputado Pablo Todero remarcó que ni el canciller, Pablo Quirno, ni el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, respondieron a los cuestionamientos de Lamelas, mientras que el bloque de La Libertad Avanza, que conduce Gabriel Bornoroni, decidió no participar de la convocatoria.
Esa tensión contrastó con la posición de la provincia de Buenos Aires, que adjudicó a Huawei la provisión de baterías para un programa de almacenamiento de energía por 31 mil 200 millones de pesos, financiado con fondos de los propios usuarios. El gobernador Axel Kicillof sostuvo la decisión pese a las críticas: en la cartera de Infraestructura provincial remarcaron que “acá privilegiamos el interés de los usuarios y los costos del emprendimiento”, mientras el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni, defendió que Huawei “presentó la mejor oferta” frente a otras firmas como CATL, Gotion y Trina, y calificó las advertencias de la Embajada estadounidense de “intromisión”. La licitación bonaerense se resolvió antes de que Lamelas cuestionara públicamente a CALF, en sentido inverso al que aplicó el gobierno nacional, que impuso una cláusula que impide participar a empresas bajo control de Estados soberanos —lo que en la práctica excluye a firmas chinas— en las licitaciones de la Hidrovía y de la distribución eléctrica del área metropolitana.
Ese enfrentamiento se libra sobre uno de los recursos de mayor proyección del país: un estudio reciente elevó a 30 mil 170 millones de barriles el cálculo de petróleo técnicamente recuperable de Vaca Muerta, un 89% más que la estimación de referencia de 2013.
