El gobierno de Abelardo de la Espriella declaró la Emergencia Económica, Social y Ecológica para atender las consecuencias del terremoto del 10 de agosto. La medida busca acelerar la atención a los damnificados y la recuperación de viviendas, infraestructura y servicios públicos, otorgando al Ejecutivo facultades extraordinarias para expedir decretos con fuerza de ley relacionados directamente con la emergencia.

Uno de los principales desafíos será financiar la reconstrucción, cuyos daños iniciales se estiman en alrededor de 10 mil millones de dólares, aunque el monto podría aumentar a medida que avance la evaluación. El gobierno analiza distintas fuentes, la habilitación de recursos del Sistema General de Regalías, la modificación del esquema de Obras por Impuestos, la venta expedita de activos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la eliminación de restricciones al sector cooperativo para ampliar su cobertura, el apoyo a micro y pequeñas empresas en el pago de nóminas y la oferta de créditos subsidiados por parte del sistema financiero. Sin embargo, este enfoque ha generado debate, ya que expertos advierten que, dado el costo estimado de la reconstrucción, los recursos disponibles podrían no ser suficientes y eventualmente sería necesario recurrir a nuevos tributos.

La emergencia también incorpora una dimensión económica y comercial, con iniciativas para apoyar a micro y pequeñas empresas y facilitar el acceso al crédito. Colombia negocia con Estados Unidos un eventual arancel cero para sus productos, decisión que ya ha sido confirmada por el ministro Mauricio Gómez Amín y responde a una solicitud del presidente De la Espriella.