El Departamento de Justicia informó en la mañana del miércoles 26 de agosto que incautó los dominios utilizados por dos plataformas de intrusión informática, denominadas QScan y QTRouter, que según las autoridades fueron desarrolladas y operadas por un grupo patrocinado por el Estado chino identificado como QTFY, vinculado a una empresa con sede en Nankín. Entre los organismos afectados por intentos de intrusión o ataques efectivos figuran la Agencia Espacial estadounidense (NASA), la Reserva Federal, el Senado, y los departamentos de Energía, Justicia y de Salud y Servicios Humanos, junto con los Institutos Nacionales de Salud. Según la investigación, la actividad se remonta al menos a 2018 y también alcanzó a hospitales, empresas de telecomunicaciones, contratistas de defensa y compañías eléctricas.
El fiscal general, Todd Blanche, enmarcó la incautación como parte de una ofensiva más amplia contra operaciones de hackeo vinculadas a China. Según los documentos judiciales, entre los clientes de la red se contaban el Ministerio de Seguridad del Estado chino, encargado de la inteligencia civil, y el Ejército Popular de Liberación. La Embajada china en Washington rechazó las acusaciones y sostuvo que su gobierno “se opone firmemente y combate todas las formas de ciberataque”, al tiempo que acusó a Washington de utilizar el concepto de seguridad nacional como pretexto para imponer restricciones discriminatorias contra empresas chinas.
Ese mismo miércoles 26 de agosto, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que declara una emergencia nacional sobre la seguridad del sistema eléctrico de gran escala (bulk-power system) de Estados Unidos, invocando la ley de poderes económicos de emergencia internacional y la ley de emergencias nacionales. La medida habilita al gobierno a prohibir o condicionar la compra e instalación de equipos, software y firmware de fabricación extranjera —incluidos transformadores, baterías, generadores e inversores— cuando se considere que representan un riesgo operativo o de ciberseguridad para la red. La orden no excluye a instalaciones locales de distribución eléctrica y contempla incluso la posibilidad de imponer condiciones sobre equipos ya instalados antes de su firma.
Aunque el texto no menciona a China de forma nominal, se enmarca en la creciente preocupación de Washington por componentes chinos utilizados en infraestructura energética, incluidos inversores solares, luego de que investigadores estadounidenses hallaran dispositivos de comunicación no declarados en equipos de ese origen. La orden encomienda al secretario de Energía, Chris Wright, identificar, en coordinación con otros funcionarios de seguridad y del gabinete, los equipos que representan un riesgo.
