El pasado sábado 22 de agosto, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó por unanimidad una modificación constitucional que establece límites a la aplicación de leyes, reglamentos y normativas emitidas por otros Estados, grupos de Estados u organismos internacionales.

El Parlamento, órgano unicameral integrado por 92 diputados y controlado por el oficialismo, aprobó la incorporación de un nuevo párrafo al artículo 12 de la Constitución Política durante una sesión especial celebrada en el Palacio Nacional de la Cultura, en Managua, con motivo del 48.º aniversario de la operación “Muerte al Somocismo”. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, presentó la modificación como una medida para defender la soberanía jurídica de Nicaragua.

Según el texto aprobado, ninguna ley, reglamento o normativa emitida por otro Estado, grupo de Estados u organismo internacional tendrá efectos jurídicos en el territorio nicaragüense cuando afecte la independencia, la soberanía, la autodeterminación, la seguridad o la paz del país. La reforma contempla una excepción para los convenios y acuerdos internacionales que hayan sido suscritos y ratificados oficialmente por el Estado nicaragüense.

La medida supone un posible blindaje político y jurídico frente a las sanciones de Estados Unidos, las resoluciones de organismos internacionales y otras medidas de presión contra el gobierno de Daniel Ortega. La oposición, por su parte, denuncia que la reforma podría utilizarse para excluir a opositores de futuras elecciones y evitar la aplicación de disposiciones internacionales relacionadas con derechos políticos y procesos electorales.

La modificación, que todavía no está plenamente vigente, será incorporada al paquete general de reformas constitucionales que la Asamblea Nacional tiene previsto someter a votación en septiembre.

La decisión se produce pocos días después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobara, el 19 de agosto, una resolución para convocar a una reunión “urgente” de cancilleres con el objetivo de analizar la situación política de Nicaragua. La convocatoria, que todavía no tiene fecha, ocurre después de que el presidente Daniel Ortega anunciara su intención de limitar la participación electoral de sectores de la oposición que considera vinculados con Estados Unidos.

La reforma se produce, así, en un contexto de creciente confrontación entre el gobierno nicaragüense y organismos internacionales, en medio de cuestionamientos sobre las condiciones para la competencia electoral y las medidas adoptadas contra sectores de la oposición.