El conflicto entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo de Costa Rica se intensificó esta semana luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara formalmente una propuesta del Ministerio de Hacienda para reducir en 23 mil 722 millones de colones (unos 52,29 millones de dólares) el presupuesto judicial de 2026.
La medida fue anunciada el pasado jueves 20 de agosto por el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, quien planteó presentar ante la Asamblea Legislativa un presupuesto extraordinario para ejecutar la reducción.
La propuesta provocó una respuesta inmediata de la Corte Plena, máximo órgano del Poder Judicial. El lunes 24 de agosto, sus magistrados acordaron por unanimidad autorizar al presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre Gómez, a emprender todas las acciones administrativas y legales necesarias para intentar frenar el recorte.
Aguirre presentó un recurso de revocatoria, nulidad absoluta y solicitud de medida cautelar contra el oficio del Ministerio de Hacienda. En el documento, calificó la decisión como “unilateral, arbitraria, desmedida e ilegal” y sostuvo que carece de una fundamentación técnica y jurídica suficiente. Además, argumentó que la medida constituye una imposición que vulnera la autonomía del Poder Judicial.
Ese mismo lunes 24 de agosto, la Corte Plena acordó también interponer un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional, conocida como Sala IV. La acción busca que el máximo órgano constitucional determine si la actuación del Poder Ejecutivo se ajusta a la Carta Magna y, mientras se resuelve el fondo del conflicto, frenar la aplicación del recorte.
La disputa ha generado especial preocupación por sus posibles efectos sobre los servicios judiciales, la atención del rezago y las acciones de combate contra la delincuencia. Uno de los principales focos de atención es el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que concentraría la mayor parte de la reducción propuesta por Hacienda: 9 mil 536,3 millones de colones (unos 21,03 millones de dólares), equivalentes al 40% del recorte.
El gobierno, por su parte, sostiene que el ajuste responde a la necesidad de revisar el gasto público y cuestiona la eficiencia del sistema judicial. El expresidente Rodrigo Chaves Robles defendió públicamente la propuesta y calificó de “vergonzosa” la resistencia de los magistrados. Además, sostuvo que la formulación del gasto público corresponde a una potestad del Ejecutivo.
La disputa permanece ahora abierta en el plano institucional. Aunque el Ministerio de Hacienda impulsó la propuesta de reducción, el recorte todavía debe superar distintas instancias antes de concretarse: su tramitación corresponde a la Asamblea Legislativa y podría quedar en manos de la presidenta Laura Fernández.
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