El gobierno cubano publicó este jueves 3 de septiembre un conjunto de decretos-leyes que modifican el sistema empresarial de la isla —dando mayor espacio al sector privado— y establecen cambios en áreas como la inversión extranjera, el comercio exterior, el turismo y la gestión de la tierra.

En declaraciones ante la prensa, el viceprimer ministro y titular del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex), Óscar Pérez-Oliva Fraga, señaló que las nuevas normativas buscan «flexibilizar mecanismos, eliminar autorizaciones administrativas que antes se requerían y facilitar el desempeño de negocios en Cuba».

En el ámbito empresarial, una de las principales modificaciones es la eliminación de la obligación de que las empresas extranjeras contraten a sus trabajadores exclusivamente a través de entidades empleadoras estatales. La nueva normativa también permite que las empresas paguen bonificaciones en moneda extranjera a sus trabajadores.

En materia de comercio exterior, a partir de ahora, las empresas privadas podrán importar y exportar directamente, sin tener que recurrir a los servicios de empresas estatales, que hasta el momento eran las únicas autorizadas para hacerlo. De este modo, la medida pone fin al monopolio estatal sobre el comercio exterior.

Otro de los cambios relevantes se refiere al acceso y uso de la tierra. El paquete legislativo amplía y flexibiliza las regulaciones sobre el usufructo y el derecho de superficie. En el caso de las personas jurídicas, el plazo máximo para recibir derechos de usufructo sobre tierras y bienes estatales pasa de 25 a 99 años, con la posibilidad de solicitar una prórroga por un período de igual duración. También se facilita el otorgamiento de derechos de usufructo al sector privado y extranjero.

El paquete también introduce cambios en el funcionamiento de las mipymes (micro, pequeña y mediana empresa) privadas. Se elimina el límite de 100 trabajadores por empresa, así como la prohibición de que una misma persona sea propietaria de más de una de estas empresas.

En paralelo, las reformas alcanzan al sector estatal, donde se amplía la autonomía operativa de las empresas y su capacidad de decisión administrativa. Las entidades podrán seleccionar con mayor autonomía a sus proveedores y clientes, así como fijar precios de acuerdo con el mercado, en lugar de aplicar tarifas centralizadas. El nuevo modelo elimina, asimismo, los rescates financieros automáticos por parte del Estado y contempla la quiebra y liquidación de empresas estatales insolventes.

Finalmente, las nuevas disposiciones incorporan mecanismos de participación de los trabajadores en la gestión. El 20% de los integrantes de los consejos de administración será elegido por los colectivos laborales, mientras que las asambleas de trabajadores deberán aprobar los planes económicos, los niveles salariales y el destino de las utilidades retenidas.