El presidente Javier Milei viajó el jueves 3 de septiembre a Santiago de Chile para inaugurar el V Encuentro Regional del Foro Madrid, la red internacional de dirigentes de derecha y extrema derecha impulsada por la Fundación Disenso, vinculada al partido español Vox. En su discurso de apertura llamó a organizar al sector a escala global —»si ellos tuvieron su Internacional Socialista, nosotros tenemos que profundizar nuestros lazos de amistad en nuestra propia red internacional»— y sostuvo que cada país debe contribuir quitando «el cáncer de la izquierda» de sus propias instituciones.
Buena parte de la intervención estuvo dedicada a Europa y, en particular, al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien acusó junto al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de «facilitar la inmigración descontrolada» y «degradar sistemáticamente la identidad española». Milei recordó que ya había calificado a esa administración como «un gobierno de ladrones» y sostuvo que los hechos lo confirman. También reivindicó su política de deportaciones, con 14 mil expulsiones en el primer semestre del año. Sobre el país anfitrión sostuvo que, «tras el derrocamiento del comunista Allende», Chile «entró en un período de estabilidad y crecimiento que se extendió por más de 40 años», un lapso que incluye los 17 años de dictadura de Augusto Pinochet: según La Nación, reivindicó al dictador sin nombrarlo. También describió el estallido social de 2019 como una «ola de violencia izquierdista sin precedentes». El fundador de Vox, Santiago Abascal, no asistió al encuentro.
Al mediodía, el presidente chileno, José Antonio Kast, lo recibió en el palacio de La Moneda, en la primera visita de Milei a la sede presidencial chilena. El encuentro duró menos de 40 minutos, se desarrolló con la presencia de ambos cancilleres y terminó sin declaraciones a la prensa, pese a las consultas de los periodistas sobre la soberanía del estrecho de Magallanes. La reunión quedó marcada por ese entredicho: el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea argentina, brigadier general Gustavo Valverde, había afirmado que el estrecho era argentino, lo que motivó una nota de protesta chilena y la posterior rectificación del gobierno argentino, que reconoció la vigencia de los tratados de 1881 y 1984.
La controversia reactivó además el reclamo chileno por el decreto 456 de 2021, dictado durante la presidencia de Alberto Fernández, que califica el estrecho como un «espacio compartido» de control conjunto. El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, afirmó que la Argentina se comprometió a derogarlo y que el texto estaba «listo para la firma», pero Kast desactivó la exigencia desde la fragata Prat, en el propio estrecho, al sostener que no se lo pediría a Milei porque los tratados internacionales establecen «muy bien» la soberanía chilena. Un comunicado conjunto de ambas cancillerías difundido horas después consignó que Milei agradeció «el tradicional apoyo del Gobierno de Chile en la Cuestión de las Islas Malvinas» y que valorará los esfuerzos chilenos para evitar «la consolidación de actividades logísticas ilegales unilaterales» en la zona disputada, en materia de hidrocarburos y pesca. El texto recogió también el compromiso argentino de detener y extraditar al exguerrillero Galvarino Apablaza, prófugo y acusado del asesinato del senador chileno Jaime Guzmán. Antes de regresar a Buenos Aires, Milei se reunió en Santiago con la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos, Sarah Rogers.
El viernes 4 de septiembre, un día después de ese comunicado, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, confirmó la firma de un contrato entre la Corporación de Desarrollo de Islas Malvinas y la naviera chilena Easter Island para abrir una ruta comercial marítima entre esa ciudad y Puerto Argentino, con el primer viaje previsto para noviembre. La operación busca disputarle a Uruguay el abastecimiento del archipiélago: la travesía actual ronda los 2 mil kilómetros y desde Punta Arenas se reduce a la mitad. Radonich descartó cualquier conflicto porque se trata de «un acuerdo entre privados» y el buque no llevará bandera chilena, y recordó que la declaración del Mercosur de 2011, que prohibió la recalada de barcos con bandera de las islas en puertos de los países firmantes, le costó a Magallanes unos 300 millones de dólares. El excomandante en jefe de la Armada chilena Julio Leiva anticipó, en cambio, que «va a haber problema» con la Argentina, cuyo decreto 256 de 2010 exige autorización previa para los buques que naveguen entre el territorio continental y las islas.
