Fernando Cerimedo, consultor político argentino que trabajó con Rodrigo Paz durante y después de la campaña electoral de 2025, se encuentra en prisión preventiva en el penal de Chonchocoro, en La Paz. La Sala Penal Segunda rechazó la apelación de su defensa y confirmó 180 días de reclusión. La Fiscalía, que inició el proceso por enriquecimiento ilícito, amplió la investigación por cuatro delitos más: legitimación de ganancias ilícitas, usurpación de funciones, falsedad material y uso de instrumento falsificado. Al mismo tiempo acumuló el expediente de Santa Cruz al proceso paceño, consolidando en una sola causa investigaciones que avanzaban en paralelo en distintas jurisdicciones.

El núcleo del material probatorio viene de Nadia Beller, expareja de Cerimedo y víctima de un atentado en Santa Cruz el lunes 17 de agosto. Antes de ese hecho, Beller había construido un archivo sistemático de intercambios con el consultor: audios, chats, fotografías y registros de ubicaciones que documentaban sus movimientos y conversaciones. Ese archivo fue entregado a la Fiscalía y se convirtió en el eje de las denuncias. La Fiscalía también la convocó como testigo protegida en Beni por una investigación sobre narcovuelos e irregularidades de vuelos atribuidos a Cerimedo, sumando una pista nueva a un proceso que ya abarca lavado de dinero, tráfico de influencias y criminalidad organizada.

Los movimientos de los actores clave han complejizado el cuadro. El vicepresidente boliviano, Edmand Lara, se ha mostrado como un impulsor clave del proceso. En efecto, denunció penalmente a la primera dama, María Elena Urquidi, y Cerimedo por tráfico de influencias, asociación ilícita y organización criminal, entre otros cargos, y entregó a la Fiscalía un audio sobre Cerimedo y Urquidi cuya autenticidad la propia Beller cuestionó, afirmando que ninguna de las voces en la grabación corresponde a su expareja. Lara anunció, además, la existencia de una segunda grabación que mostraría a Paz consultando a Cerimedo antes de declarar el estado de excepción en el marco de los bloqueos que sacudieron a Bolivia por dos meses, aunque reconoció no poder confirmar su autenticidad y solicitó una pericia técnica.

En este marco, la defensa de Cerimedo respondió acusando al fiscal general, Roger Mariaca, de presionar con una conferencia de prensa a los abogados del caso, y a Lara de ejercer injerencia política sobre la justicia: la abogada Pedraza declaró que ya no es un caso jurídico, sino político. Desde Chonchocoro, Cerimedo escribió que todos bailan al ritmo de Beller, tras una requisa en su celda de Palmasola ordenada por una publicación de ella en redes sociales.

El alcance del caso, sin embargo, excede lo doméstico. El presidente chileno, José Antonio Kast, admitió haber conocido a Cerimedo en eventos de la Comunidad Andina de Fomento (CAF). El consultor no operaba solo en Bolivia sino en los márgenes de la diplomacia presidencial latinoamericana. El dirigente derechista de oposición Jorge “Tuto” Quiroga recogió esa dimensión al proponer una comisión internacional de investigación y anunciar que hará una “defensa internacional de Bolivia” frente al daño que el caso proyecta sobre la imagen del país en Argentina, Colombia, Chile, Brasil y España. Lo que en Bolivia se procesa como un expediente judicial sobre enriquecimiento ilícito e influencias tiene, en su lectura regional, la forma de un escándalo sobre cómo circulan los consultores políticos entre las cúpulas de los gobiernos conservadores de América Latina.