El presidente José Antonio Kast emplazó el martes 20 de octubre al Congreso a aprobar las leyes de seguridad durante el Foro Regional del Desarrollo, en Atacama: “Los que voten en contra de la seguridad, que se hagan cargo”. También cuestionó a quienes votaron en contra de ampliar el plazo para retener a inmigrantes irregulares, proyecto que la Cámara de Diputados rechazó hace un mes, y sostuvo que es imposible hacer el trabajo con solo cinco días “para ir a buscar, retener y enviar al extranjero a inmigrantes irregulares”. Con esas palabras vinculó la traba legislativa con los hechos de violencia del aniversario del estallido social de 2019, aludiendo a los extranjeros peruanos y haitianos detenidos.
El domingo 18 de octubre, miles de personas marcharon en Santiago por el séptimo aniversario del estallido, en una concentración que transcurrió con normalidad, aunque cerca del mediodía se registraron choques entre grupos aislados y las fuerzas de seguridad. Kast se refiere a las protestas de 2019 como “estallido delictual”. La jornada dejó 43 incidentes violentos y 110 detenidos por hechos delictivos, entre ellos siete extranjeros. El lunes 19 de octubre, el mandatario informó que instruyó al Ministerio del Interior y al Servicio Nacional de Migraciones a usar “todas las herramientas legales y administrativas para expulsar a los extranjeros que participaron en los desmanes”. El miércoles 21 de octubre, el Congreso despachó a ley el proyecto que agiliza las expulsiones administrativas, que permite a la Policía de Investigaciones (PDI) pedir autorización judicial para ingresar a domicilios y eleva de tres a cinco años la prohibición de reingreso. El jueves 22 de octubre, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, confirmó que se firmaron las resoluciones de expulsión de seis personas: tres peruanos, dos haitianos y un venezolano, quienes tienen 10 días para apelar y aún no tienen fecha de salida.
Kast sostuvo que su gobierno ha estado abierto al diálogo y pidió a los diputados no “pasar facturas políticas para hacerle un daño al gobierno”. Sobre las reglas del uso de la fuerza, planteó: “¿A quién queremos proteger? ¿A los terroristas o a los carabineros y policías?”. Publicada el viernes 16 de octubre, la ley 21.849 establece un marco legal para la actuación de Carabineros, la PDI y, en determinadas circunstancias, las Fuerzas Armadas, con cinco niveles de uso de la fuerza, desde la presencia policial hasta la fuerza potencialmente letal. El jueves 22 de octubre, el Tribunal Constitucional declaró inadmisible el requerimiento de 16 senadores opositores contra algunas de sus disposiciones, por haberse presentado fuera de plazo.
