Esta semana, el caso Pegasus tomó protagonismo en la Fiscalía de Colombia, en medio de una serie de declaraciones y revelaciones que generaron un intenso debate político. El software de espionaje e infiltración de dispositivos móviles, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, habría sido adquirido por el gobierno colombiano de formas irregulares y utilizado durante el estallido social de 2021 y la campaña presidencial de Petro.

Una revelación clave en el caso es que Estados Unidos financió la compra de Pegasus en Colombia con recursos lícitos, según declaraciones de ex funcionarios del gobierno colombiano, quienes aseguraron que la administración anterior no ordenó directamente la adquisición del software. Esto plantea preguntas sobre la responsabilidad política y administrativa en el uso de herramientas de vigilancia.

El general Jorge Luis Vargas, exdirector de la Policía Nacional, fue citado a la Fiscalía para ser interrogado sobre la compra de Pegasus y decidió guardar silencio durante su declaración, lo cual abrió especulaciones sobre su posible implicación en el caso. Este silencio ha sido interpretado por algunos analistas como una estrategia para evitar comprometerse en el proceso judicial.

Por otro lado, el expresidente Álvaro Uribe se pronunció sobre el caso, defendiendo la necesidad del uso de Pegasus en el contexto de la seguridad nacional. Uribe argumentó que el software es esencial para enfrentar desafíos de seguridad, especialmente con miras a las elecciones de 2026. Su postura ha sido respaldada por algunos sectores políticos, mientras que otros critican la normalización del espionaje como herramienta gubernamental.

La situación se complica conforme se acercan las próximas elecciones, pues el uso de tecnologías de vigilancia podría influir en el panorama político.