Los apagones programados, aunque reducidos, continúan en todo el país desde hace casi dos meses. A esto se suma la suspensión del servicio de provisión de agua potable en varios sectores a lo largo del país.
El crimen organizado mantiene en la mira a distintos actores. Jorge Navarrete, periodista de La Posta, sufrió amenazas de muerte por un reportaje que muestra el empleo de niños en el cultivo de coca en Ecuador. Por otra parte, fue encontrado el cadáver del sacerdote Enrique Arcos en Panzaleo, provincia de Cotopaxi, después de haber desaparecido el 30 de octubre. Luego fue hallado su vehículo completamente incinerado.
Figuras políticas también son objetivos del crimen. Jackeline Ordóñez, ex alcaldesa de Colimes, provincia del Guayas, fue secuestrada el 1 de noviembre mientras se encontraba en su finca. Asimismo, tres de los candidatos presidenciales han denunciado amenazas de muerte para dar de baja sus candidaturas: Jimmy Jairala (Centro Democrático), Jan Topić (SUMA) y Pedro Granja (Partido Socialista).
Esta situación no sólo queda en amenazas. El abogado y candidato a asambleísta del Partido Socialista, Joselito Argüello, fue atacado a tiros en Salinas, Santa Elena. Su padre también resultó herido y se encuentra grave. Además, Jimmy Ruiz, asesor del miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Augusto Verduga (Revolución Ciudadana), fue asesinado a tiros en Guayaquil. El atentado originalmente habría sido planeado contra Verduga.
Esta situación demuestra que actores sociales y políticos están bajo asedio del crimen organizado, lo que afecta las condiciones organizativas y merma los pilares democráticos del país. También comienzan a surgir denuncias de torturas y condenas bajo acusaciones falsas a manos de fuerzas de seguridad. Juan Eduardo García, carpintero, denunció a los medios de comunicación que fue torturado, extorsionado y acusado sin pruebas de pertenecer a la banda delictiva “Los Lobos” por un grupo de militares.
Por su parte, el gobierno sigue apostando a la reinstalación de bases extranjeras en el país para contener la situación. Al respecto, Gissela Garzón, asambleísta de la Revolución Ciudadana, y Rafael Dávila, independiente, fueron escogidos como presidenta y vicepresidente de la comisión que tramitará el proyecto de reforma constitucional sobre este tema en la Asamblea Nacional. El presidente Daniel Noboa rechazó la decisión.
