Santiago Uribe Vélez, hermano del ex presidente Álvaro Uribe, lleva cuatro años en juicio por homicidio y violaciones a los derechos humanos en su vinculación con el grupo paramilitar conocido como los “12 Apóstoles”, que operó en Colombia durante las décadas de 1990 y 2000. Esta semana el juez Jaime Herrera Niño determinó que no había pruebas suficientes para condenarlo, de manera que lo absolvió por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado.
El presidente Gustavo Petro consideró la decisión del juez como un acto de impunidad y sugirió llevar el caso a instancias internacionales. El mandatario expresó su preocupación por la percepción de la justicia en Colombia y criticó la absolución como un reflejo de la falta de responsabilidad de figuras poderosas. Por otro lado, Álvaro Uribe celebró la absolución de su hermano, manifestando su alivio y agradecimiento por la decisión judicial. En sus declaraciones, Uribe enfatizó que la justicia finalmente había prevalecido.
El juez Herrera Niño fundamentó su decisión en la falta de credibilidad del testimonio del principal testigo contra Santiago Uribe, Juan Carlos Meneses. El juez cuestionó su relato, señalando que había presentado su denuncia 15 años después de los hechos y que gran parte de su testimonio se basaba en situaciones que involucraban a personas fallecidas. Estas circunstancias llevaron al juez a concluir que existía una duda razonable sobre la culpabilidad de Uribe.
La absolución ha reavivado el debate sobre la impunidad en Colombia, especialmente en relación con los crímenes cometidos por grupos paramilitares. Activistas y defensores de derechos humanos han criticado el fallo y han llamado a una revisión más profunda de los casos relacionados con el paramilitarismo. La controversia también plantea preguntas sobre la efectividad del sistema judicial colombiano y su capacidad para abordar casos que involucran a figuras influyentes. Mientras algunos celebran la absolución como un triunfo de la justicia, otros ven en ella una oportunidad perdida para confrontar el legado del paramilitarismo en el país. La posibilidad de llevar el caso a instancias internacionales podría abrir nuevas vías para la discusión sobre justicia y derechos humanos en Colombia.
