Esta semana el gobierno declaró la emergencia nacional por incendios forestales, déficit hídrico y sequía. En este marco, se anunciaron cortes de agua programados en Quito y los apagones se están ejecutando por hasta ocho horas diarias en todo el país. Sobre este punto, Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, reportó pérdidas de cuatro mil millones en la industria y tres mil quinientos millones en comercio. Por su parte, en las provincias de Loja y Azuay se contabilizaron casi nueve mil hectáreas consumidas por el fuego.
El presidente Noboa anunció que los apagones terminarán en el mes de diciembre, tras la inversión de setecientos millones de dólares para reparar y mantener el parque termoeléctrico del país. A su vez, Colombia confirmó el reinicio de las exportaciones de energía a Ecuador.
Ante la situación, las protestas sociales continúan. La poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) anunció movilizaciones desde el 15 de noviembre contra el gobierno de Noboa. El dirigente indígena Leonidas Iza justificó la decisión por el manejo “dictatorial” del presidente y por las múltiples crisis que aquejan a la población. El pasado 15 de noviembre se registraron incidentes frente al Palacio de Carondelet, incluyendo la toma del Ministerio de Finanzas, liderada por Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores, junto a docentes y estudiantes, quienes exigían el pago de 64 millones de dólares para mejorar los salarios de los docentes. En la provincia de Cotopaxi, cientos de personas salieron a las calles en una movilización liderada por el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), filial de la CONAIE, que convocó a la movilización en varios de sus territorios.
