El regreso de Armando Benedetti al círculo cercano del presidente Gustavo Petro ha generado debates en el panorama político colombiano. Tras su alejamiento por escándalos relacionados con audios filtrados y tensiones internas, Benedetti ha sido nombrado asesor de la Presidencia. Este nombramiento ocurre en un momento de reestructuración interna del gabinete, aparentemente orientado a fortalecer la estrategia y cohesión política del gobierno. Según explicaciones oficiales, Benedetti asumirá un papel centrado en el análisis político y en la consolidación de relaciones estratégicas con diversos sectores, una tarea en la que se espera que su experiencia como político de trayectoria resulte beneficiosa.
La decisión ha generado reacciones mixtas. Para los sectores aliados al gobierno, su retorno representa una oportunidad para contar con un actor político experimentado en momentos cruciales para el Ejecutivo. Sin embargo, críticos de la administración de Petro han señalado que su regreso lanza un mensaje ambiguo respecto a los compromisos éticos del gobierno. Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), defendió el nombramiento al afirmar que las decisiones del gabinete deben responder a necesidades estratégicas y no a cuestiones personales, sugiriendo que se busca fortalecer el proyecto político del gobierno más allá de controversias pasadas. Por su parte, Benedetti reiteró su lealtad al presidente y a la agenda de su administración, mientras que figuras como Gustavo Bolívar han destacado la importancia de mantener la cohesión interna del equipo de gobierno.
A pesar de estas defensas, persisten cuestionamientos sobre la transparencia y las implicaciones éticas de esta decisión. Algunos sectores temen que el regreso de Benedetti pudiera afectar la percepción pública del gobierno, especialmente en relación con la lucha contra la corrupción. Las tensiones internas en el gabinete, previamente evidenciadas en declaraciones y polémicas, añaden un matiz complejo a la decisión. Iris Marín, defensora del Pueblo, se refirió al nombramiento subrayando que las decisiones gubernamentales deben estar alineadas con principios de integridad y eficacia, reflejando la preocupación de varios sectores sobre el impacto de este tipo de movimientos políticos.
