El Parlamento nicaragüense reformó la Ley 761 o General de Migración y Extranjería, facultando al gobierno para negar la entrada o salida de ciudadanos, extranjeros residentes  y visitantes extranjeros a Nicaragua. La modificación también legaliza los destierros que el gobierno ha aplicado en los últimos años a unas 450 personas acusadas de “conspirar” contra el gobierno, a quienes arrebató la ciudadanía. Muchas de estas personas participaron en las protestas del 2018.

La reforma ocurre en vísperas de las fiestas de fin de año, cuando los flujos de ingreso y salida del país incrementan, principalmente por el desplazamiento de personas provenientes de Costa Rica, país con el que Nicaragua comparte su frontera sur.