El presidente colombiano Gustavo Petro solicitó al gobierno de Estados Unidos la desclasificación de archivos relacionados con los hechos ocurridos durante el asalto al Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre de 1985. Este episodio, que resultó en la muerte de más de 90 personas y la desaparición de varias más, sigue siendo un tema de profundo interés histórico y político en Colombia. Petro subrayó que el acceso a estos documentos es crucial para esclarecer las circunstancias de la operación militar y las decisiones políticas que se tomaron durante y después del ataque del grupo guerrillero M-19. La solicitud se enmarca en una relación histórica de cooperación entre Colombia y Estados Unidos en temas de seguridad e inteligencia.
Petro destacó que esta medida es un paso hacia la reconciliación nacional y el fortalecimiento de los derechos de las víctimas, quienes por décadas han demandado justicia, verdad y reparación. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se sumó a la iniciativa al instar a la Cancillería colombiana a realizar gestiones diplomáticas para facilitar el acceso a esta información, argumentando que su desclasificación ayudaría a reconstruir la memoria histórica y garantizar los derechos fundamentales de las víctimas y sus familias.
A pesar de la relevancia del tema, hay desafíos significativos para que esta solicitud prospere. En Estados Unidos, los archivos de inteligencia suelen estar protegidos por leyes que establecen largos periodos de confidencialidad, y su desclasificación depende de múltiples factores políticos y legales. Sin embargo, existen precedentes en los que Estados Unidos ha liberado documentos sobre casos sensibles, lo que abre una posibilidad para que esta petición sea considerada.
La propuesta de Petro ha generado diversas reacciones en Colombia. Sus partidarios consideran que representa un avance en la búsqueda de transparencia y justicia histórica, mientras que sus detractores, muchos de ellos críticos de su pasado como integrante del M-19, señalan que podría estar utilizando este tema para fines políticos.
La solicitud de desclasificación, si bien ambiciosa, simboliza un esfuerzo significativo del gobierno colombiano para resolver uno de los capítulos más oscuros de su historia reciente. Si tiene éxito, podría no solo contribuir a cerrar heridas, sino también establecer un precedente en la cooperación internacional en temas de memoria histórica y derechos humanos.
