Desde el 23 de noviembre, la residencia oficial de la Embajada de Argentina en Caracas, bajo protección diplomática de Brasil, se encuentra en el centro de una disputa política y diplomática. Seis opositores venezolanos, vinculados con María Corina Machado, han denunciado un asedio continuo por parte de fuerzas de seguridad del Estado venezolano. Según los asilados, las acciones incluyen cortes de electricidad y agua, bloqueos de comunicación, vigilancia con drones y presencia constante de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y otros cuerpos de seguridad en las inmediaciones. Estas acciones han sido señaladas como violaciones a los convenios internacionales sobre asilo y diplomacia.

El gobierno de Nicolás Maduro ha sido acusado por organismos internacionales y líderes opositores de transformar la residencia diplomática en una especie de cárcel, privando a los asilados de servicios esenciales y bloqueando su salida mediante la negación de salvoconductos. Estos refugiados políticos, que enfrentan acusaciones de conspiración y traición a la patria, ingresaron a la embajada tras un incremento en las medidas represivas del gobierno contra sus opositores. Entre las personas asiladas se encuentran destacados colaboradores de Machado, como Pedro Urruchurtu y Omar González.

En respuesta a la situación, figuras como Diosdado Cabello han desestimado las denuncias, argumentando que se trata de una “farsa” diseñada para generar tensiones internacionales. Sin embargo, entidades como el Grupo IDEA, compuesto por expresidentes iberoamericanos, han catalogado el trato a los asilados como inhumano y contrario a los principios del derecho internacional. A su vez, Estados Unidos y otros actores han instado al gobierno venezolano a cesar el asedio y garantizar la seguridad de los refugiados mediante la emisión de salvoconductos.