El pasado 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, Canadá impuso sanciones a ocho funcionarios chinos actuales y anteriores, acusándolos de graves violaciones a derechos humanos en regiones como Xinjiang y Tíbet, así como contra practicantes de la secta Falun Gong. La ministra de Asuntos Exteriores, Mélanie Joly, expresó la profunda preocupación de Canadá por informes que señalan la detención arbitraria de más de un millón de personas en Xinjiang desde 2017, quienes habrían sufrido violencia psicológica, física y sexual.
En reacción a las sanciones impuestas, el 11 de diciembre el gobierno chino instó a Canadá a detener lo que considera una interferencia en sus asuntos internos. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, declaró que las acusaciones canadienses estaban infundadas y que constituyen una grave violación del derecho internacional. Mao Ning subrayó que China ha logrado avances significativos en materia de derechos humanos y acusó a Canadá de hipocresía, señalando problemas relacionados con la discriminación racial sistémica contra las poblaciones indígenas de norteamérica. China exigió a Canadá levantar de inmediato las sanciones y advirtió que tomará las medidas necesarias para defender su soberanía e intereses nacionales.
