Recientemente, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, brindó una actualización sobre la situación en Venezuela, destacando la persistencia de violaciones graves contra los derechos humanos en el país. En su informe, subrayó las persecuciones políticas y la falta de libertades fundamentales, algo que ha sido objeto de críticas dentro y fuera del país.

El gobierno de Venezuela, sin embargo, rechazó el informe, argumentando que la Oficina del Alto Comisionado responde a intereses políticos externos. Según las autoridades venezolanas, el informe carece de sustento y objetividad. Este rechazo resalta la postura del gobierno de Maduro, que ha mantenido una actitud confrontativa frente a las instituciones internacionales que critican su manejo de los derechos humanos.

Por otro lado, diversos actores internacionales han expresado su preocupación. La Unión Europea, por ejemplo, instó al gobierno venezolano a permitir el funcionamiento pleno de la oficina de derechos humanos de la ONU en el país, tras varios recortes y restricciones a la misión, incluida la reducción de su personal. En este contexto, representantes de la oposición, como la dirigente María Corina Machado, agradecieron el apoyo de la comunidad internacional y enfatizaron que este respaldo debe fortalecer la determinación interna para exigir el respeto a los derechos humanos y la restauración de la democracia.

El gobierno, por su parte, ha insistido en que Venezuela no necesita la intervención de organismos externos para resolver sus problemas, manteniendo un discurso de soberanía frente a la presión internacional.